La declaración de una técnica de la APLU desmonta los argumentos del alcalde de Barreiros

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El juicio por el urbanismo de Barreiros que se celebra en el juzgado de lo penal número dos de Lugo ha proseguido este miércoles con las declaraciones de los técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta.

La primera en declarar, por videoconferencia, fue la que en aquel entonces era jefa de servicio de inspección urbanística para las provincias de Lugo y Ourense, Iria María Alfonsín, que explicó en su declaración que la Xunta actuó en Barreiros porque había "informes desfavorables de la arquitecta municipal porque se detectaban irregularidades y aún así se daban favorables las licencias".

Esta declaración llega después de que el pasado lunes del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga --que está acusado junto a cinco miembros de la junta de gobierno del año 2006 y la arquitecta municipal-- culpase al informe "favorable" de la secretaria municipal de la concesión de 44 licencias para construir 3.000 viviendas en el municipio.

Sin embargo, de los informes emitidos por la secretaria, Alfonsín ha asegurado este miércoles que "10 fueron desfavorables por falta de servicios y en cerca de 30 se informaba de suspender el procedimiento para alertar de las irregularidades".

"Todo esto en 2006, cuando se pretendían levantar hasta 3.000 viviendas en un municipio que tiene 3.200 habitantes empadronados", ha precisado la funcionaria.

La técnico de la Aplu fue más allá, al señalar que "todos los informes de la Xunta decían que la zona no reunía los requisitos para ser considerado como suelo urbano consolidado". Además de ello, hay "seis sentencias que confirman que no se podían haber otorgado las licencias".

"Con una visita a las parcelas se entiende perfectamente que no se podía construir, algunas de las licencias estaban incluso proyectadas sobre masas forestales, calificadas como suelo rústico. Cualquier persona sin conocimientos urbanísticos entiende que allí no se puede construir como suelo urbano consolidado".

Antes de entrar en la vista, la abogada de Adega, Montserrat Calvo, ha manifestado que "Fuente Parga no es un alcalde" para ella, porque "según contestó a las preguntas del lunes, no sabe cuál es su función, porque no se enteraba de las denuncias ni de los informes de la secretaria". "Tampoco sabía cuáles son las funciones del funcionario del registro en cuanto entraba una denuncia", ha añadido.

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