Interpol y Guardia Civil investigan vertidos al mar en Galicia

El operativo investiga situaciones contaminantes en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra

Xunta y Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) cruzan reproches sobre la situación del emisario de Celeiro que vierte directamente al mar, tras la campaña abierta por Interpol en 80 países contra la contaminación marítima, que lleva a cabo en colaboración en España con el Seprona.

Según han informado fuentes del Seprona a Europa Press, esta campaña continúa abierta y se investigan situaciones contaminantes en las tres provincias gallegas con salida al mar: A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En declaraciones a Europa Press, la alcalde de Viveiro, María Loureiro (PSOE), ha informado de que el Seprona se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento en relación con los vertidos de este emisario, que "no son nada nuevo", pero no tiene "conocimiento" de que exista denuncia alguna y remarca que "no hay ningún delito", ya que "se está en la tramitación" para solucionarlo.

En este sentido, Loureiro señala que "se llevan dos años pidiendo agilidad" a la Xunta tras la firma del convenio en 2016 para poner solución a esta problemática, pues "salta a la vista todo lo que sale a la ría" y "necesita que se arregle urgentemente". "Estamos en el 2018 y aún no se empezó", se ha quejado.

Por su parte, la Xunta ha trasladado a Europa Press que lamenta que el Ayuntamiento de Viveiro "eluda sus responsabilidades sobre la depuradora que gestiona y por la que cobra a los vecinos del municipio las correspondientes tasas de saneamiento y depuración".

"NO ES RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO PORQUE LICITA LA XUNTA"
"No voy a entrar en responsabilidades, es un trabajo que tiene que ser en equipo de Xunta y Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento ya hizo todo lo que tiene que hacer", ha defendido la regidora.

Al respecto, señala que el Seprona se puso en contacto con el Ayuntamiento, el cual le "informó de cómo se encuentra la tramitación" para acabar con estos vertidos.

Loureiro recuerda que hace dos años se firmó un convenio con el Ejecutivo gallego y el gobierno local se puso a disposición para lo necesario, pero la "responsabilidad no es del Ayuntamiento, porque ahora mismo licita la Xunta de Galicia y presupuestan ellos".

"No queremos evadir culpas ni mucho menos", aclara con todo la alcaldesa. A este respecto, apunta que en una reciente reunión Augas de Galicia les garantizó que se van a agilizar los trámites para que la licitación se haga a principios de 2019. "No pretendo echar balones fuera, todo lo contrario, pero estamos pendientes de la licitación que depende de la Xunta", agrega.

Así, explica que la contaminación de la ría "es la preocupación más inminente a resolver" en el municipio, por lo cual también visitaron hace unos días a Costas del Estado en relación con este tema. "Se está solucionando y queremos que se solucione lo antes posible", afirma.

LA XUNTA "ASUME UNA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO"
La Consellería de Infraestruturas, de la que depende Augas de Galicia, remarca que las competencias en saneamiento son de carácter municipal, si bien el Gobierno gallego ha ofrecido su colaboración con la administración local en esta cuestión.

A este respecto, explica que en una reciente reunión la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, comprometió con la alcaldesa la inversión de tres millones de euros para esta actuación y otras relacionadas con el saneamiento del municipio y la ría.

Y es que la Xunta subraya que la tramitación de esta obra "sufrió un importante retraso debido a la demora de la autorización necesaria del departamento de Costas del Estado", quien condicionaba la autorización a que el Ayuntamiento retirase el emisario submarino existente, que quedará en desuso tras las obras.

Augas de Galicia manifestó al Ayuntamiento de Viveiro que se hará cargo de la retirada de la parte enterrada del actual emisario submarino con el fin de desbloquear los permisos pendientes de Costas del Estado para ejecutar las obras del nuevo emisario y con una "movilización de fondos extra de la Xunta". Prevé que se liciten las obras en 2019.

Por ello, la Consellería hace hincapié en que "la Xunta asume esta nueva intervención que corresponde al Ayuntamiento, pese a no estar dentro del acuerdo de colaboración firmado con Augas de Galicia en septiembre de 2016".

OPERACIÓN
La Guardia Civil está investigando en toda España a 72 personas por delitos relacionados con la contaminación marina y ha detectado 73 incidentes relacionados con vertidos que se han producido de manera directa o indirecta al mar. Se enmarcan en la Operación '30 días en el mar', lanzada por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol entre los Estados miembros de la UE en la que han participado más de 80 países de todo el mundo.

En España, la Guardia Civil y la Marina Mercante han llevado a cabo 1.102 inspecciones en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos.

Las investigaciones están dirigidas a esclarecer la posible autoría de más de 70 personas físicas/jurídicas en la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, se han formulado 55 denuncias por incumplimientos de la normativa sobre el tratamiento y gestión de los residuos.

Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de seis meses a cinco años y a multas de hasta 24 meses, según ha informado el Seprona.

El desarrollo de esta operación ha permitido destapar un número significativo de actuaciones irregulares que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes y ha puesto de manifiesto la diversidad de tipos de vertidos contaminantes que van a parar al mar desde vectores muy dispares, fundamentalmente las aguas residuales urbanas, los ríos que vierten al mar, las actividades agrícolas, la actividad industrial y el tráfico marítimo.

En la operación han participado efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Unidades del Servicio de Fiscal, del Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras (Cecorvigmar) de la Guardia Civil, quienes han apoyado en las tareas de identificación de los vertidos y de los focos emisores de los mismos, así como en la extracción de muestras de aquellos vertidos observados.

La operación ha contado también con la colaboración de Frontex para la detección de varios vertidos y con la Dirección General de la Marina Mercante para la realización de inspecciones en buques que utilizan combustibles con un nivel de azufre superior al permitido y que, por tanto, contaminan en exceso.

UN NEGOCIO ILEGAL MUY LUCRATIVO A NIVEL MUNDIAL
Las estimaciones de Interpol señalan al delito contra el medio ambiente como uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, principalmente motivado por el amplio beneficio económico que obtienen las personas físicas y jurídicas que, valiéndose en muchos casos de una estructura legal para la gestión de los residuos, se valen de ésta para realizar una mala gestión de los mismos por acción u omisión.

Según informes de Naciones Unidas e Interpol, los delitos medioambientales se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual.