Una veintena de organizaciones sociales y políticas exigen a la Xunta que aumente la dotación económica de la Risga

Piden que se agilicen los trámites administrativos para que las personas que lo necesiten dispongan de la ayuda "lo antes posible"

Una veintena de organizaciones sociales y políticas han comenzado una campaña ciudadana bajo el lema 'Fagamos da Risga un verdadeiro dereito', para exigir a la Xunta que aumente la dotación económica de la prestación, tomando como base el Salario Mínimo Interprofesional, así como una agilización de los trámites.

Los colectivos han presentado la campaña ante los medios de comunicación de forma simultánea en Santiago de Compostela, A Coruña, y Vigo. Acto seguido, han repartido los primeros folletos informativos para concienciar a la ciudadanía de la "necesidad de convertir la Risga en un verdadero derecho" en un contexto "de sociedad empobrecida".

Las actuaciones no se limitarán al reparto de folletos informativos, que también llevarán a los centros sociales, sino que estarán presentes en las redes sociales y tienen previsto realizar charlas informativas en las principales ciudades gallegas.

Han anunciado que la previsión de aprobación definitiva del decreto de la Risga por parte de la Xunta de Galicia "determinará las próximas actividades de la campaña", y han avisado de que "continuará ante la clara insuficiencia de la última propuesta presentada por la administración autonómica".

NEGATIVA DE LA XUNTA A NEGOCIAR
El representante del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, ha declarado que consideran "muy insuficiente" la última propuesta presentada por la Xunta, y ha denunciado que el Gobierno gallego "se negó a debatir este tema".

Sobre este asunto ha explicado que en mayo presentaron "un documento con mucho contenido proponiendo un debate para conseguir que sea un derecho ciudadano", pero encontraron "una respuesta negativa", en la que la Xunta "se negaba a hablar del documento" y les remitían a las vías formales de presentación de alegaciones.

Fernández ha declarado que "la Risga es un elemento fundamental para conseguir el derecho a la inclusión social", y ha justificado la presentación de la campaña con el argumento de que este lunes se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, ha apuntado a la previsión de aprobación definitiva del decreto de la Risga por parte del Ejecutivo gallego entre finales de 2018 y comienzos de 2019.

"SOCIEDAD EMPOBRECIDA"
El representante del Foro Galego de Inmigración ha alertado sobre el contexto de "sociedad empobrecida" imperante en Galicia, y ha destacado que "cerca de medio millón de gallegos viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social". En esta línea, ha subrayado que, la Risga actualmente "solo" cubre las necesidades de entre nueve mil y diez familias en la comunidad.

Como respuesta a esta situación, Fernández ha expuesto que las organizaciones que firman el acuerdo exigen que la prestación se fije en función del Salario Mínimo Interprofesional y no del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

De este modo, la dotación económica pasaría de los 403 euros al mes actuales --75 por ciento del Iprem--, una cantidad con la que se hace "prácticamente imposible vivir", a cerca de 600, que sería "un poco más digno". Fernández ha explicado que debería ser lo "mínimo", y ha recordado que la Unión Europea recomienda que se tome como referencia el salario medio.

Además, han pedido que el modelo sea "un derecho ciudadano y no un subsidio condicionado", porque actualmente "uno tiene que demostrar que es pobre presentando muchos papeles y documentos". En este sentido, ha lamentado "que el sistema es muy largo en el tiempo", con procesos que duran más de seis meses.

Frente a la situación actual, entiende que "el plazo máximo debería se de un mes", de modo que las personas que necesiten la prestación puedan disponer de la ayuda "lo antes posible", y acabar con un modelo de "burocratizaciones innecesarias".

"DINÁMICAS DE CONTROL TREMENDAS"
Miguel Fernández ha explicado que la administración ejerce "unas dinámicas de control tremendas" sobre las personas que reciben la prestación, "con unos determinados requisitos" que suponen "una especie de amenaza" para no perder el derecho a las ayudas.

Aunque ha celebrado avances, como la novedad de que se pueda compatibilizar un trabajo con la percepción de la prestación durante un tiempo --antes se cortaba de forma inmediata cuando se tenía un empleo--, ha insistido en que queda camino por recorrer, como el aumento de las cantidades o la necesidad de reducir plazos.

Otro asunto al que prestarán atención en el decreto definitivo guarda relación con si se trata de un derecho individual o si se contabilizan las unidades familiares. Además, Fernández entiende que "no se deberían contabilizar los bienes patrimoniales, sino los ingresos directos" y ha recordado que "excluye al grupo de edad de entre 18 y 25 años, y también a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa".

Miguel Fernández ha repetido la necesidad de concienciar a la ciudadanía, porque "las situaciones de pobreza y exclusión social pueden llegar a cualquier persona, nadie está libre de necesitar esto".