Un investigador gallego advierte de las "dificultades" que la legislación española pone a las ILP y pide otra regulación

La tesis de Orestes Suárez, prologada por Borrell, señala que sólo 3 de las 100 iniciativas de este tipo presentadas en España fueron aprobadas

El investigador gallego Orestes J. Suárez Antón ha advertido de las "dificultades" que la legislación española y también la europea pone a las iniciativas legislativas populares y ve necesaria otra regulación para que puedan funcionar como instrumento que "revalorice" los mecanismos democráticos y acerquen la representación política a la ciudadanía.

Este doctor europeo en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y licenciado en Derecho con especialidad en el de la Unión Europea (UE), es autor de una tesis cuya publicación, que cuenta con el prólogo del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, será presentada el próximo día 15 de enero en la Universidade de A Coruña (UDC).

Suárez Antón, que actualmente trabaja como asesor parlamentario en la Cámara europea, ha explicado a Europa Press que, para la elaboración de su investigación, analizó 25 casos de funcionamiento de la iniciativa legislativa popular o iniciativa de agenda: el sistema de la Unión Europea, el de 12 estados miembros, así como el de otros 12 países de América Latina.

"El estudio nace en un contexto de distanciamiento entre la ciudadanía y la representación política... Lo que pretendo es la búsqueda de instrumentos alternativos que revaloricen el mecanismo democrático y acerquen la representación a la ciudadanía y salven ese distanciamiento progresivo que se muestra a nivel local", ha indicado.

Al respecto, ha destacado que en diversos sistemas existe la iniciativa legislativa popular que, "regulada de forma adecuada" y "dándole la importancia que merece", permitiría "salvaguardar algunos de los problemas que se observan en la política actual".

CASOS DE EUROPA Y ESPAÑA
Con todo, según ha indicado, en España y Europa estas propuestas de la ciudadanía "no siempre son escuchadas y valoradas de forma adecuada". En concreto, en el caso español, explica que, pese a que está recogida en la Constitución, la legislación derivada de la Carta Magna pone "una serie de dificultades" que motivan que no se le dé la misma consideración que cuando es una iniciativa legislativa que sale del Gobierno.

Como ejemplo de ello señala que en el Congreso hay un voto previo para la toma en consideración de las ILP que hace que "sean rechazadas la mayor parte de las propuestas". "Solo tres de 100 fueron aceptadas en toda la democracia", ha advertido Orestes Suárez, que asegura que "a nivel europeo ocurre un poco lo mismo". "Desde 2012 se aceptaron unas 70 y a penas cuatro tuvieron algún tipo de resultado", ha apuntado.

"El problema principal está en el tratamiento parlamentario que reciben las propuestas, en aquellos sistemas en el que el tratamiento es el adecuado hay una mayor participación de los proponentes a nivel parlamentario", detalla el investigador, que aclara que "no se trata de que se apruebe lo que pidan" sino de que "se le dé el tratamiento que mecen estos actores". "Se trata de que el procedimiento sea más ágil y con participación de los ponentes", ha indicado.

PROPUESTAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
Las medidas que este investigador propone para que este mecanismo "pueda funcionar de forma adecuada" pasan por un mejor tratamiento, una mayor inclusividad de los sujetos y materias, así como más accesibilidad en forma y firmas.

De este modo, Orestes Suárez considera que los jóvenes mayores de 16 años deben poder participar en las iniciativas legislativas populares y que también debería haber una "mayor inclusividad" en los temas a tratar. Y es que, conforme ha señalado, en España están excluidas de este tipo de iniciativas todas las materias que son objeto de ley orgánica.

Asimismo, el estudio señala que en aquellos lugares en los que hay una mayor accesibilidad a esta herramienta, como en aquellos sistemas en los que la ILP está digitalizada y se puede firmar 'online', hay "más propuestas" y "el mecanismo funciona mejor". Este es el caso, por ejemplo, de países como Costa Rica, Letonia o Finlandia.

Además, el autor también pone el foco en el hecho de que en sistemas como el español este tipo de iniciativas tenga que ser presentado "con forma de ley" cuestión que, según sus conclusiones, "da lugar a que se rechacen por defectos de forma". "En Austria los propulsores pueden proponer simplemente ideas que después son configuradas a modo de ley en el propio parlamento", señala el autor, que también ve necesario un "apoyo económico y técnico" a estas herramientas.