Altia, del presidente del Dépor, expedientada acusada de repartirse contratos públicos

El presidente del Deportivo de A Coruña se defiende argumentado que están "de rebote" entre las empresas investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

La CNMC abre expediente sancionador contra 25 firmas, entre las que está la consultora coruñesa y su matriz Boxleo TIC, y otras compañías que trabajan a menudo para la Administración gallega. Por ejemplo, Indra, que ha llevado la web de las elecciones gallegas y es uno de los inversores del centro de drones de Rozas.

LA SEDE DE IDOM REGISTRADA Y DIRECTIVOS SUYOS EXPEDIENTADOS

También figura en la relación de investigadas Idom , que en Galicia opera la filial Enxeñeiros e Arquitectos Consultores Idom. El regulador ve "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría.

Tal sospecha nace de, entre otros motivos, lasinspecciones realizadas por la CNMC  en octubre en las sedes de varias empresas . Entre las sedes inspeccionadas está la del grupo Idom, pero no la de Altia. 

RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL DEPORTIVO

Baseándose en esto, Tino Fernández ha declaro hoy mismo a la prensa que su grupo está "de rebote" entre los expedientados. El presidente del Dépor  se mostró sorprendido por la noticia. En declaraciones antes de un almuerzo en el Círculo de Empresarios, Fernández ha argumentado que en el sector de las consultoras hay una muchísima competencia con precios "brutales".

Tino Fernández en una pasada rueda de prensa

En su nota, la CNMC explica que las infracciones cometidas por estas empresas consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.

En concreto, detalla, según resume Europapress, que las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018. Estas infracciones detectadas en la investigación están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Entre las empresas incoadas se encuentran Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting y Deloitte Financial Advisory, así como su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, y Gizarpro.

También están incoadas Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas Bmasil Strategy, Deloitte Consulting, Idom Consulting, Engineering, Architecture, Innovisions 21, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

INSPECCIONES EN OCTUBRE

La incoación del expediente a estas 25 consultoras se produce tras las inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte, de Idom, de Pricewaterhousecoopers y de Regio Plus Consulting.

El origen de estas actuaciones se encuentra en la remisión por parte de la Autoridad Vasca de Competencia de la investigación realizada por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, de la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad los días 11 y 12 de enero de 2017 en las sedes de varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el "deber de reserva y confidencialidad" al que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El organismo recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación e informa de que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Por otra parte, agrega que cuenta con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada.