Unión en Santiago y Lugo contra la negativa de crear más juzgados de lo Social

El Ayuntamiento de Santiago aprobó por unanimidad una declaración institucional, mismo camino que seguirá la corporación de Lugo

Todas las fuerzas políticas de los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Lugo han expresado su disconformidad con la decisión del Ministerio de Justicia de no autorizar la creación de nuevos juzgados de lo Social en la capital gallega y en la ciudad de las Murallas, tal y como habían solicitado de manera conjunta la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al Gobierno central.

En la tarde del pasado jueves, horas después de conocerse la noticia, el pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que la corporación santiaguesa expresa su "rechazo" a la decisión del Ministerio de Justicia, que no incluye los juzgados de lo Social para Lugo y Santiago entre las nuevas unidades judiciales autorizadas para la Comunidad gallega.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lugo seguirá los pasos de la capital gallega y, según confirmó este viernes la alcaldesa, Lara Méndez, promoverá otra declaración institucional para reclamar la creación de un juzgado de lo Social en la capital provincial.

Su homólogo santiagués, Martiño Noriega, ha remitido una carta dirigida a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que la invita a reconsiderar su decisión y revocar la denegación de dicho órgano judicial para Santiago, "capital de Galicia y centro de un área metropolitana de casi 200.000 habitantes".

En ella, además de adjuntar la declaración institucional respaldada por Compostela Aberta, PP, PSOE y BNG; el regidor recuerda que el consistorio compostelano "ha estado demandando la creación de nuevos servicios judiciales durante años para aliviar el atasco que existe en las salas existentes".

"En nuestra ciudad existe una posición común y unánime, tanto del conjunto de la corporación como del Colegio de Abogados y el Gobierno gallego, para la implementación de una cuarta sala de lo social, que evite que los expedientes acumulen retrasos de hasta tres años", reza la misiva enviada al Ministerio de Justicia.

MARTIÑO NORIEGA

Cuestionado al respecto durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, Martiño Noriega ha calificado como "insólita" la decisión adoptada por Justicia, ya que la demanda para la capital gallega había sido pactada por el TSXG y la Xunta.

Así, ha avanzado que iniciará una ronda de contactos para acordar una "posición de ciudad, unánime" en la que confía sumar, además de los partidos políticos, a "jueces y abogacía" para la reclamar un juzgado de lo Social para Santiago.

LARA MÉNDEZ

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha insistido en que su gobierno "va a defender y reivindicar" lo que necesita Lugo "para que sea una ciudad de futuro" y "tenga servicios". El primer paso será, según ha confirmado, promover en la junta de portavoces del próximo lunes una declaración institucional para expresar el rechazo de la corporación luguesa a la decisión de Justicia.

En este sentido, considera que el juzgado de lo Social que descarta el Ministerio para su urbe es "desde luego necesario e importante" para la ciudadanía, ya que permitiría proporcionar "protección incluso de los eslabones más débiles de la cadena".

Méndez confía en que todos los grupos respalden la declaración, que será llevada al pleno que la corporación lucense celebrará el próximo jueves.

El PP de Lugo ya ha hecho público su malestar con la decisión a través de su candidato a la Alcaldía, Ramón Carballo, que subrayado que la creación de un juzgado "no iba a suponer ningún coste para el Ministerio porque la Xunta tiene transferidas las competencias y todos los gastos los asume la Xunta".

El rechazo de Justicia a dotar de este nuevo órgano a la capital provincial no solo ha generado malestar en la corporación municipal, sino que también ha recibido críticas desde la diputación y las organizaciones sindicales.

El vicepresidente provincial, el socialista Argelio Fernández, ha insistido en la demanda para evitar que "todos aquellos casos que haya que juzgar en la provincia de Lugo por temas sociales" no tengan que desplazarse "a otros lugares de la geografía gallega" por la saturación de los órganos de la capital lucense.

Además, la CIG ha realizado en la mañana de este jueves una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Lugo para protestar contra la decisión del Ministerio de Justicia.