A Mesa critica la sentencia “ideológica” del Tribunal Supremo por la ordenanza de normalización

El Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lugo por una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Protesta en Lugo

‘A Mesa pola Normalización Lingüística’ ha hecho pública su “repulsa” a la sentencia del Tribunal Supremo en donde rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lugo por una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A Mesa considera esta última sentencia “ideológica” por parte del máximo organismo del poder judicial.

El caso gira en torno a la anulación parcial de la ordenanza de normalización lingüística aprobada por el consistorio lucense en el año 2012. Marcos Maceira, presidente de A Mesa, considera que la postura del TS “ataca elementos de la política de normalización de la lengua gallega completamente asumidos y apoyados mayoritariamente por el pueblo gallego”. Así, Maceira cree que la sentencia “utiliza prejuicios ideológicos y políticos suministrados por la extrema derecha para agredir la lengua y a las personas que quieren utilizarla”, dando así alas “a la consideración del gallego como un idioma inferior”.

Entre los elementos están, entre otros, la rotulación en gallego de las señalizaciones públicas o la formación del funcionariado para que desarrolle sus tareas en gallego, como señala la nota de la plataforma, que considera que el Supremo trata de “poner límites” a la oficialidad de la lengua gallega e “impedir que el gallego y el castellano puedan estar igualados”. En este aspecto, A Mesa denuncia la “situación de desprotección de la lengua” y las “vulneraciones” a las que se somete la legislación vigente. “El mismo tribunal no actúa contra las más de 500 disposiciones legales que garantizan la presencia absoluta del español y sitúan al gallego en inferioridad”, lamenta la plataforma.

Así, A Mesa valora que esta sentencia discrimina a los usuarios de servicios públicos privatizados por razón de lengua “al primar el supuesto derecho de desconocimiento del gallego por parte de las empresas que prestan servicios a la administración municipal frente al derecho a emplearlo y ser atendido en igualdad de condiciones por parte de las y de los ciudadanos”.

En esa misma línea, Maceira considera que los dos organismos judiciales “reniegan de ser justicia” y cree que “la mayoría de gallegos y gallegas” quieren “que la administración rehabilite la lengua, como pretendía el Ayuntamiento de Lugo”.

“¿Qué libertad hay de emplear el gallego si las empresas concesionarias de la administración no tienen que ofertarla? La única libertad que viene de reconocer el TS es la de estas empresas para excluir a los hablantes de gallego de servicios públicos", lamentó Maceira, mientras A Mesa anunció que iniciará acciones contra esta sentencia junto a la plataforma ciudadana ‘Queremos Galego’.