Manifestación en Lugo contra el Tribunal Supremo por atentar "contra la dignidad del conjunto del pueblo gallego"

El próximo miércoles 6 de marzo se celebrará en la ciudad amurallada una movilización, en donde participarán ‘A Mesa pola Normalización Lingüística’ y la plataforma ‘Queremos Galego’ para protestar por la sentenia judicial contra la ordenanza de normalización lingüística.

Nunca antes una propuesta aprobada de forma unánime en el Ayuntamiento de Lugo dio tanto de que hablar. La ordenanza de normalización lingüística de la ciudad, aprobada en 2012, sigue siendo un motivo de controversia por motivos ajenos al noble propósito de la ordenanza. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anulaba parcialmente la ordenanza, recibió hace escasos días el apoyo del Tribunal Supremo, que desestimo el recurso presentado por el consistorio lucense contra la primera sentencia.

MANIFESTACIÓN

En este marco, ‘A Mesa pola Normalización Lingüística’ y la plataforma ciudadana ‘Queremos Galego’, compuesta por más de 700 entidades, han unido sus fuerzas para hacer un llamamiento ciudadano para realizar una concentración el miércoles 6 de marzo a las 12 horas frente al edificio consistorial lugués. En la misma, ratificada por el propio ayuntamiento, se pretende visibilizar el malestar de la sociedad gallega por un atentado “contra la dignidad del conjunto del pueblo gallego”.

Marcos Maceira, presidente de A Mesa, ya lamentó que la sentencia dejaba claro “la visión que tienen de Galicia y el gallego”. “¿Qué libertad hay en emplear el gallego si las empresas concesionarias de la administración no tienen que ofertarla? La única libertad que reconoce el Supremo es la de estas empresas a excluir a los hablantes de gallego de servicios públicos”, lamentó Maceira.

“LIMITES A LA OFICIALIDAD DE LA LENGUA”

En esa misma línea se manifestó Mónica Pazos, coordinadora de Queremos Galego, quien criticó que el Supremo “pretende poner límites a la oficialidad de la lengua gallega e impedir que pueda mantener cualquiera situación de igualdad con respecto al castellano”. “Con la sentencia el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reniegan de ser de Justicia”, afirma Pazos.

Queremos Galego entiende que la sentencia no hace más que “establecer unos máximos que el gallego no debe traspasar bajo ningún concepto” dejando a la lengua en una “absoluta situación de desprotección”. Por ese motivo, hace un llamamiento a defender acuerdos como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos o el Estatuto de Autonomía de Galicia, que amparan a los gallego hablantes.