Ecologistas critican "filtraciones" interesadas en el caso por el que está investigado un director xeral

ContraMINAcción alerta que hay riesgo de destrucción de pruebas al conocerse ahora las pesquisas judiciales en torno al proyecto de San Finx, en Lousame. La minera denunció hace dos años a un activista que entró a tomar muestras. En todo caso reclama el cese inmediato del director xeral de Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces.

La plataforma ContraMINAcción muestra su "preocupación" por la divulgación de la fase actual de las pesquisas en torno al proyecto de la cantera de San Finx, en Lousame (A Coruña), que han llevado a que el director xeral de Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, esté siendo investigado por un supuesto delito de prevaricación ambiental.

Ecologista tomando muestra en las minas de San Finx en 2017 | Adega

En este sentido, el colectivo que clama contra este proyecto, promovido desde el grupo Sacyr, asegura que la publicación de filtraciones "solo contribuye a que aumente aún más el riesgo de destrucción de pruebas antes de que se hubiesen adoptado las medidas provisionales que lo eviten".

En el pasado, los ecologistas tuvieron que tomar ellos mismos muestras de agua de la cantera para poder informar a la opinión pública del riesgo de contaminación para la Ría de Noia. Así, Fins Eirexas, miembro de la directiva de ADEGA, fue denunciado por Tungsten San Finx SL en 2017, tras difundir los ecologistas datos sobre  "el alta carga contaminante de las aguas mineras". 

CESE DE TAHOCES

ContraMINAcción asegura coincidir con otras entidades ecologistas en exigir "responsabilidades políticas" a Tahoces por sus "políticas de desastre ambiental al servicio del lobby minero", si bien critica que se caiga en una "frivolización política" del asunto.

Y es que, según afirma el colectivo, los "daños" que denuncian que provoca el proyecto "se llevan produciendo durante años hasta el presente, tanto por acción como por omisión de personas, en plural, con nombres y apellidos".

PONER EL FOCO EN LA EMPRESA

De este modo, ContraMINAcción considera que la petición de responsabilidades políticas es "un mensaje reduccionista" y que deja "en segundo plano las primarias presuntas responsabilidades ambientales de los administradores de las empresas mineras".

Por ello, la plataforma insiste en que, para que casos como el de San Finx "no se repitan", se condene "a todas las personas responsables" de los presuntos delitos que están siendo investigados por los juzgados de Noia.