Caso Bautista Administradores: Acusados de estafar a 80 comunidades de vecinos, se enfrentan a 7 años de cárcel

Durante años duplicaron recibos y desviaron dinero de las cuentas que administraban en nombre de los vecinos a sus cuentas particulares, relata el fiscal

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el responsable de Bautista Administradores y otros tantos para su hija, a los que acusa de apropiarse de más de un millón de euros de casi 80 comunidades de propietarios y particulares cuyas fincas, casi todas en Vigo, gestionó esta empresa entre 2008 y 2013.

Una pasada movilización de los afectados en una imagen de su Facebook

El escándalo de Bautista salió a la luz cuando las comunidades de propietarios empezaron a descubrir que sus cuentas quedaban en números rojos, o que no se pagaban las facturas a pesar de que los vecinos habían ingresado el dinero. Ahora llega a los tribunales, con un juicio que se celebrará del 6 al 10 de mayo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El ministerio público relata en su escrito de acusación que R.M.B.F. y su hija M.B.M. llegaron a gestionar, como administradores de fincas, casi 70 comunidades de propietarios y garajes en diversas calles de Vigo, y en Panxón, Nigrán. A ello se sumaba la gestión de los inmuebles de una decena de particulares propietarios.

SUPUESTO MODUS OPERANDI

La administración de esas fincas se hacía, o bien directamente a través de una cuenta a nombre de la acusada M.B.M., o bien por medio de las cuentas bancarias de cada una de las comunidades. En esas cuentas se abonaban todos los gastos e ingresos generados por dichas comunidades.

Según sostiene la Fiscalía, los acusados desviaron dinero de los afectados, o bien transfiriéndolos directamente a sus cuentas, o mediante recibos duplicados o talones. Además, dejaron de pagar deudas de las comunidades y facturas, lo que generó 'descubierto' en varias de las cuentas y recargos por retraso en el abono de facturas, que tuvieron que ser asumidos por las propias comunidades.

MÁS DE UN MILLÓN DESFALCADO

El ministerio público estima que el desfalco realizado por los acusados asciende a 1,14 millones de euros, entre los que también se encuentra el dinero que se apropiaron de los arrendamientos de los inmuebles de particulares.

Por todo ello, los considera autores de un delito continuado de apropiación indebida y pide para cada uno de ellos 7 años de cárcel, y el pago de una multa de 2.520 euros. Además, deberán devolver el dinero que se quedaron y, en ese caso, como padre e hija tenían pólizas de seguro, también pide que las compañías aseguradoras contribuyan al pago de la responsabilidad civil (hasta el límite marcado por dichas pólizas).