La abogacía llama a responsables políticos a "defender la justicia gratuita" y urge una "reforma" del turno de oficio

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita se han promovido una serie de iniciativas y actividades por todo España

El Colegio de Abogados de Santiago ha hecho este viernes un llamamiento a los distintos responsables políticos y administraciones en defensa del servicio de oficio, para el que pide una "reforma" de su marco regulador, en el Día de la Justicia Gratuita.

El turno de oficio es un servicio que prestan más de 46.000 letrados con sus 83 colegios en todo España. Tal y como ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, la vicedecana del Colegio de la capital gallega, María del Carmen González Ferro, la abogacía reclama "la actualización de los criterios para el acceso de los ciudadanos a los servicios", así como una "elevación del salario mínimo interprofesional sin modificar los parámetros establecidos en la Ley 1/1996".

Por su parte, la vicedecana del Colegio pone el foco en que "urge una reforma del marco regulador de los servicios que presta la abogacía a través del turno de oficio", así como "la asistencia jurídica gratuita".

Conforme a esto, ha reiterado el compromiso en las medidas de igualdad de género así como en las exigencias en los servicios de asesoramiento a inmigrantes, personas desplazadas y a la población privada de libertad.

Asimismo, ha reclamado una "clarificación necesaria de las exigencias regulamentarias" respecto a los requisitos de los profesionales que deben prestar los servicios.

ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA
Por su parte, como derecho básico y servicio público, tienen derecho a esta Asistencia Jurídica aquellas personas físicas cuyos ingresos no superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar.

Además, también podrán disfrutar de este servicio aquellas personas que no superen dos veces y media el IPREM vigente cuando se trate de personas integradas en una unidad familiar con menos de cuatro miembros, así como aquellos que no sobrepasen el triple del IPREM cuando se trate de familias numerosas.

Excepcionalmente, puede reconocerse este derecho a personas en casos especiales como por ejemplo a las víctimas de terrorismo, violencia de género, menores de edad o personas con discapacidad entre otros.

De este modo, tal y como ha reclamado el Colegio de Abogados de Santiago, "nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo".