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Empresarios proponen a la Xunta la creación de un foro de diálogo para reducir la "conflictividad tributaria"

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, ha propuesto al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, la creación de un foro de diálogo entre la Axencia Tributaria Galega (ATRIGA) y las asociaciones y colegios profesionales de la comunidad relacionados con este ámbito.

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La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, ha propuesto al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, la creación de un foro de diálogo entre la Axencia Tributaria Galega (ATRIGA) y las asociaciones y colegios profesionales de la comunidad relacionados con este ámbito.

Según ha recogido el Círculo de Empresarios en un comunicado, la iniciativa ha sido presentada en una reunión celebrada este jueves en Santiago entre el conselleiro y una comisión encabezada por la presidenta del Círculo en la que se integran el Consello Galego de Economistas, los colegios de economistas y abogados de Pontevedra, la Universidade de Vigo (UVigo), la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Asociación Gallega de Empresa Familiar y el Círculo Financiero de Galicia.

En este contexto, Valeriano Martínez ha emplazado a septiembre la convocatoria de un equipo técnico de trabajo enfocado en el análisis de los datos de conflictividad en Galicia y la confrontación de "posibles discrepancias".

Mientras, Patricia García ha detallado que el objetivo de esta iniciativa pasa por propiciar un "modelo colaborativo" que aporte "seguridad al sistema en las liquidaciones de los tributos cedidos a la comunidad". Además, ha avanzado que la primera actuación del foro consistiría en la redacción de un Código de Buenas Prácticas Tributarias.

También ha abogado por la constitución de un Consello Defensor do Contribuínte como un órgano dependiente del Parlamento de Galicia que estudie las quejas de los contribuyentes y tenga capacidad para instar a la administración tributaria a "revocar actos contrarios al Derecho".

Así, este órgano podría realizar un "control de calidad" y un seguimiento de la actividad de esta administración, así como exigir la aplicación de "criterios uniformes y ajustados" a la normativa.

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