La inestabilidad política genera desajustes en las prestaciones de la Ley de Dependencia, denuncia CC.OO.

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El secretario general estatal de la federación sanitaria de CC.OO., Antonio Cabrera, ha urgido este lunes al Gobierno central que "cumpla con la Ley de Dependencia", ya que en la actualidad --ha asegurado-- el Estado aporta el 19% en la financiación de estas prestaciones, cuando la norma establece que debe hacerlo al 50% con las comunidades autónomas.


De izquierda a derecha: el secretario general de CC.OO. Galicia, Ramón Sarmiento; la diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz; el secretario general estatal de CC.OO. Sanidad, Antonio Cabrera; y la diputada del Grupo Común da Esquerda Eva Solla.
Así lo ha advertido en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del sindicato en Santiago de Compostela, donde previamente ha mantenido una reunión con la diputada de Galicia en Común en el Congreso Yolanda Díaz y la diputada autonómica del Grupo Común da Esquerda Eva Solla, acompañado del secretario general de CC.OO. en la Comunidad, Ramón Sarmiento, entre otros.

En este contexto, Antonio Cabrera ha advertido que es "muy importante" que se forme un nuevo Gobierno, porque "hay muchos problemas cuya solución no admite más demora".

Entre las carencias que detecta el sindicato en el sistema de atención a la dependencia, su responsable en materia sanitaria a nivel estatal ha alertado de que está "altamente feminizado y muy precarizado", con condiciones "que rozan el límite de lo normal". Además, ha señalado que las trabajadores padecen un "elevado" índice de absentismo y están "muy medicadas" por los esfuerzos que realizan.

Así, Cabrera ha asegurado que si el Estado cumpliese la Ley de Dependencia y aportase el 50% de la financiación en esta materia, habría salarios "decentes", ya que los actuales se sitúan en la media de los 14.000 euros anuales, de acuerdo con sus cifras. Todo ello "daría respuesta" también a los más de 300.000 dependientes "que no tienen ningún tipo de prestación aunque tengan derecho" a ella.


CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Cabrera también ha criticado "anomalías" en el Estatuto Básico del Empleado Pública (EBEP), que tiene "incoherencias" en la clasificación del personal sanitario tales como que personas con la misma titulación "pueden estar encuadradas en grupos profesionales diferentes".

De este modo, CC.OO. recuerda que ya elaboró y presentó ante el Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual) y el Ministerio de Sanidad una propuesta "integral" para corregir todos estos "defectos" en la que pide que los cambios se apliquen "a lo largo de tres ejercicios presupuestarios". La organización calcula que el coste sería de un 4,7% de la masa salarial.


YOLANDA DÍAZ Y EVA SOLLA

Por su parte, la diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz ha valorado que el Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso ya presentó iniciativas referidas a la cualificación y formación profesional "tanto cuando gobernaba Rajoy como Pedro Sánchez".

De este modo, y a pesar de las "dificultades" derivadas del bloqueo a nivel estatal, ha comprometido que "volverán a presentar" más propuestas ante la Cámara. En este sentido, Díaz ha criticado que en lo que se refiere a la dependencia "llama la atención que siempre" se va "para atrás", dado que desde que arrancaron las negociaciones para los Presupuestos Generales de 2019 --finalmente no aprobados-- hasta el último documento que presentó el PSOE, se fue "cada vez perdiendo más derechos".

En clave autonómica, la diputada del Parlamento gallego Eva Solla ha señalado que la cualificación es "un asunto suficientemente importante como para que se trate en todas las comunidades", por lo que ha urgido la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Parece bastante claro que en una comunidad como Galicia, en la que el envejecimiento está en boca de todas las administraciones públicas, pero después no se traduce en políticas reales en materia presupuestaria", ha denunciado la también vicepresidenta segunda del Pazo do Hórreo, para después advertir que el sistema gallego de políticas sociales está "absolutamente privatizado".

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