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Pilar de Lara perderá su plaza en el juzgado de Lugo tras el fallo del CGPJ

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado este jueves por unanimidad el recurso interpuesto por la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, contra la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.

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Muchos empresarios y políticos gallegos respiran más aliviados a esta hora. La magistrada que instruye piezas contra la corrupción tan importantes como la Operación Pokemon ha sido apartada de su juzgado por el órgando de gobierno de los jueces españoles. Solo le queda llevar su suspensión al Supremo -que es muy difícil que atienda su recurso- y después previsiblemente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado este jueves por unanimidad el recurso interpuesto por la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, contra la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.


La titular del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Según han informado fuentes judiciales, el acuerdo del pleno agota la vía administrativa, por lo que la sanción "será ejecutiva una vez notificada", sin perjuicio de la posterior interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde la magistrada puede instar la suspensión de la sanción como medida cautelar.


El CGPJ ha examinado este jueves en el marco del orden del día, en un pleno que comenzó a las 10,00 horas, el recurso a la sanción impuesta a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, que acarrea perdida de destino, por una falta grave debida a retrasos injustificados en la tramitación de asuntos.


ANTECEDENTES

La jueza declaró el pasado 21 de noviembre de 2018 ante el promotor de la acción disciplinaria contra ella abierta por el Consejo General del Poder Judicial por supuestos retrasos indebidos en la instrucción de las macrocausas que tiene abiertas y por decisiones que "han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo".


De Lara declaró durante tres horas en la sede del CGPJ en Madrid acompañada por su abogado, Agustín Azparren, quien explicó que la jueza había presentado "abundante documentación", así como respuesta por escrito a todas las objeciones planteadas por la acción disciplinaria y había respondido punto por punto al informe "muy exhaustivo" en el que se sustenta la investigación sobre su labor.


Precisamente, Pilar de Lara ha sido sancionada por dilaciones indebidas en distintos procesos y macrocausas que sigue la jueza como la conocida como 'Operación Carioca' sobre redes de prostitución, la 'Pokémon' --que comenzó a investigarse en 2012-- y 'O Garañón' --iniciada hace unos ocho años--, ambas sobre corrupción política.


UNA JUEZA QUE PROVOCÓ PROBLEMAS A TODOS LOS PARTIDOS

Sus instrucciones tienen mucho peso en la vida política gallega y salpicaron a casi todos los partidos. De Lara intentó, por ejemplo, imputar, sin éxito, al presidente de la Xunta Alberto Nuñez Feijóo por los regalos que recibió -botellas de Vega Sicilia- por parte del dueño del grupo Monbús Raúl López, que sí sigue imputado. 


Pablo Cobián, ex-diputado del PPdeG, y Frascinco Liñares, ex-presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, son de los pocos condenados por casos que llevó De Lara, la Campeón y la Pokemon respectivamente. En el BNG sufrió en sus carnes la lenta tramitación de las instrucciones de esta jueza, en concreto en la figura de Fernando Blanco, ex-conselleiro que pasó lustros imputado y tuvo que dejar la vida política, siendo su caso archivado el año pasado.


La labor de De Lara ha estado envuelta en polémica incluso ayer. Confilegal, un medio especializado en noticias judiciales, dice haber recibido varias grabaciones en las que uno de los empresarios condenados por De Lara habla con un directivo de La Voz de Galicia sobre supuestas filtraciones interesadas de los sumarios desde el juzgado de la jueza.


CIERRA INSTRUCCIÓN O GARAÑÓN UN DÍA ANTES

De hecho, este miércoles, un día antes del pleno del CGPJ, la magistrada ha comunicado el auto que concluye la investigación por supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de O Garañón, en Lugo, y ordena abrir procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad José López Orozco y contra el que era entonces concejal de Urbanismo, el expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro, entre otros implicados.


La decisión ha sido muy polémica, al tomarla horas antes de que pudiese ser apartada de su plaza, como ha sucedido finalmente. En declaraciones a Galiciapress, el letrado de Besteiro,  ha asegurado que es una decisión con "tintes de prevaricación" y que la iban recurrir e incluso denunciar a la jueza. Orozco, por su parte, también ha anunciado que recurriría el auto y ha tirado de retranca para atacar las prisas de la jurista.


La jueza en el auto de cierre de instrucción indica que la investigación se ha centrado en la ordenación de las Torres de O Garañon y cuestas del parque; en el convenio urbanístico y en el estudio de detalle del solar donde se asienta el Sanatorio Portela; en el estudio de detalle del edificio número 9 de la calle García Portela; y en la denegación de la licencia del edificio del solar del número 17 de la misma calle, solicitada por la entidad Inversiones Malleo. Durante la instrucción también ha examinado la venta del Sanatorio Portela al Instituto Nacional de Estadística para la ubicación de sus oficinas.


LLEVARÁ EL CASO AL SUPREMO Y PUEDE QUE A LA UE

Al confirmarse la sanción, estos procesos pendientes pasarán previsiblemente al juez que ocupe la plaza de De Lara en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo. A pesar de ello, la defensa de la magistrada ha recordado que "hay la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la sanción" y que no se haga efectiva "hasta que resuelva el Tribunal Supremo" (una espera de dos meses).

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