Los déficits en el Estado de las Autonomías dificultan el control de la pandemia

En un artículo anterior en este mismo medio señalaba que son tiempos de unidad y solidaridad frente a la pandemia. Una unidad que debió tener una de sus concreciones en una fácil coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas que conforman el estado de las autonomías: Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Una coordinación que, dada la excepcionalidad de la actual situación, exige un mando único.

Desgraciadamente, como pudimos ver en el último debate en el Senado, las cosas no están sucediendo así, siendo los principales damnificados los ciudadanos, muy especialmente aquellos que sufren directamente el impacto de la pandemia. Por si no fuese suficiente, a las debilidades de un sistema sanitario público duramente castigado por los ajustes fiscales y la precariedad laboral, tenemos ahora que añadirle los fallos en la coordinación y en la cooperación entre las distintas administraciones públicas, con casos que rondan el mayor de los despropósitos y, también, de las irresponsabilidades dada la gravedad sanitaria del momento, pues están en juego la salud y la vida de muchas personas. No por casualidad España es uno de los estados europeos más castigados por la pandemia.

El estado español, llamado de las autonomías, está lejos de ser un estado federal, lo que, sin dudas, dificulta la coordinación política y administrativa. Dificultades que se amplifican por otra realidad: mientras el estado de alarma (Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. BOE nº134 de 5 de junio) concede todas las competencias para su gestión al Gobierno central, resulta que este es el que tiene capacidad de dirección ni de gestión de los recursos sanitarios porque estos están transferidos las comunidades autónomas (C.Y. Art. 148.21º). Más aún, todo parece indicar que, por razones varias, el gobierno central desconoce la auténtica realidad territorial del SNS. Una dificultad que en muchas comunidades autónomas se ve multiplicada por la fuerte presencia de una iniciativa privada cuyos intereses chocan con las necesidades del momento.

Todo esto sucede cuando junto a un mando central único, que fije el marco y las líneas generales de actuación, son más necesarias que nunca la coordinación, la colaboración y el buen entendimiento entre administraciones públicas responsables para así mejor aplicar las medidas consensuadas según las características de cada territorio. Aplicación que precisa tanto de la eficaz puesta en práctica de las competencias de cada quien cómo del respeto mutuo a las diferentes responsabilidades políticas. Fácil de subrayar pero muy difícil de ejecutar por razones varias. En primer lugar porque España, siendo uno de los estados europeos más descentralizados, aún está muy lejos de ser un estado federal. Un estado en el que, además, en los distintos niveles administrativos gobiernan partidos políticos con visiones radicalmente diferentes en relación con la atención sanitaria pública. Administraciones públicas en las que, en demasiados casos, la visión partidista y partidaria parece primar por encima de interés global incluso en situaciones de emergencia como en la actualidad cuando, repito, es imprescindible una única dirección política que, lógicamente, le corresponde al gobierno central.

Problemas de consenso que se reproducen en los cuatro niveles de la administración pública: Gobierno central, autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Así, si ponemos el foco en Galicia, vemos como la coordinación entre la Xunta de Galicia, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, es muy deficiente. Una descoordinación que, lógicamente, resta capacidad de acción pública frente a pandemia perjudicando a los pacientes de coronavirus en particular y a todos los ciudadanos gallegos en general. A. Núñez Feijóo, prototipo de gobernante cesarista, que se queja de ser ninguneado por el gobierno central, mantiene con el resto de las administraciones públicas gallegas, en las que no Gobierna su partido (PP), la misma o peor actitud. En su descargo cabe subrayar que hay Diputaciones y Ayuntamientos relevantes que también parecen ignorar al gobierno gallego, una actitud que en este caso es muy irresponsable pues en Galicia también es preciso un mando único centralizado.

La última manifestación de esta descoordinación la tenemos ahora con la noticia prorroga del estado de alarma cuando, una vez más, estallaron las diferencias de criterio entre los partidos políticos. Como bien apuntaba un diario madrileño, haciendo parodia de un triste personaje, “cuanto peor para todos mejor para mí su beneficio político”. Afortunadamente la mayoría de la ciudadanía sí es responsable.