El exdiputado que denunció critica que la Xunta "oculta" documentación de las cajas tres meses después de la condena

El portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, el exdiputado que denunció --cuando aún estaba en la Cámara-- a la Xunta por "ocultar" información de la fusión de las cajas, ha criticado este martes que dichos datos aún no se le han trasladado casi tres meses después de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba al Ejecutivo autonómico a dar este paso.

En concreto, según relata en un comunicado remitido a los medios, la documentación pendiente se compone del informe-propuesta de Marta Fernández Currás, entonces conselleira de Facenda, sobre la fusión de las cajas gallegas, y el acta de la comisión de los secretarios generales antes del Consello de la Xunta que autorizó la fusión.

"A la vergüenza de que la Xunta sea condenada por vulnerar los derechos fundamentales de un diputado que lleva peleando por dar luz al proceso que resultó ser una de las mayores estafas económicas de la historia reciente de Galicia, se le suma la de resistirse a entregar la documentación solicitada incluso después de la sentencia", ha remarcada.

También incide en que esta práctica es "reiterada" porque "la vulneración de este derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución es norma" en el Parlamento gallego, donde "constantemente se les niega información a los representantes y a las representantes de gallegos en función de los intereses del PP".

ESPERA NO TENER QUE ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL
Del presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado que "falta una vez más a su palabra y pretende ocultar la verdad en el fiasco de las cajas negando información y manteniendo paralizada la comisión de investigación durante seis años para evitar que salga a la luz el que fue un gran negocio para un banco venezolano y pésimo para Galicia".

"No pararemos hasta que se conozca toda la verdad", ha declarado el también portavoz nacional de Anova, que espera "no tener que recurrir a la vía judicial para la ejecución de sentencia, lo que demostraría aún más la voluntad dilatoria del Gobierno gallego".