U​SO reclama al gobierno de Díaz Ayuso que rompa los contratos con “la empresa pirata” gallega Alcor Seguridad

Desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) instan a la Comunidad de Madrid a rescindir los contratos que el gobierno regional mantiene con la empresa monfortina Alcor Seguridad.

De hecho, la empresa, ligada al empresario Carlos Somoza, involucrado en varios procesos judiciales por el 'Caso Muros', es la encargada de la seguridad en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madird | Foto: EP

El organismo sindical alega un “presunto incumplimiento contractual en materia de contratación pública” para amparar su petición. En ese sentido, señalan que Alcor “no respeta, como ya es habitual, el pliego de cláusulas administrativas de referencia del contrato de adjudicación, respecto a la obligación de aplicar durante la vigencia del mismo a todos los trabajadores ‘sin excepción’ que desempeñen su labor en ese centro de trabajo, el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad”.

La raíz del problema es que Alcor alcanzó un convenio propio que se encuentra fuera del convenio laboral, lo que ha llevado a algunos sindicatos a tachar a la empresa de “low cost” o directamente de “pirata”. El propio Carlos Somoza se defendió de esas acusación en Galiciapress: “(El convenio) no lo inventó el señor Somoza a las cinco de la mañana, sino que durante año y medio estuve negociando con los trabajadores cuando la crisis era muy grande, y por el que gracias a ese convenio están viviendo 600 personas” .

Basilio Alberto Febles, secretario seneral de la FTSP-USO, explica que “si bien es cierto que la empresa denunciada Alcor, aplica el Convenio Colectivo Sectorial Estatal a los trabajadores subrogados en este servicio, no lo aplica igualmente a los trabajadores con contrato eventual y los que cubren servicios por diferentes motivos”.

“A estos les aplica el convenio de empresa, con unas condiciones económicas y sociales sustancialmente inferiores al sectorial, lo que a todas luces infringe lo firmado en las cláusulas administrativas señaladas, con lo que adquiere una posición de ventaja”, reprocha, a la vez que remarca que esto supone “una discriminación salarial” . Desde USO insisten en que en caso de incumplimiento de esa clausula “se debe proceder a la rescsión del contrato”.

En la misma línea, subrayan de nuevo las “malas prácticas laborales” de Alcor Seguridad “que crea diferencias salariales” entre los vigilantes de seguridad “con el único fin de obtener ventaja económica en sus ofertas comerciales, creando una competencia desleal con las demás empresas e incumpliendo luego con los pliegos de condiciones de los concursos y sometiendo a pésimas condiciones económicas y laborales a sus trabajadores”.