Aniversario de la pandemia en Primaria: del 13 de marzo de 2020 hasta hoy

Xosé María Dios Diz
Médico especialista de Atención Primaria de Outes.

Médico especialista de Atención Primaria de Outes. Plataforma SOS Sanidade Pública.

Mediante la mentira, el hombre aniquila su dignidad como hombre” 

( Immanuel Kant: 1724-1804, filósofo prusiano 

considerado la figura central de la filosofía moderna).


El 13 de marzo de 2020, el Sr. Sánchez, decreta el Estado de Alarma. Un día antes, el Sr. Feijóo proclama el Estado de Emergencia Sanitaria. Feijóo siempre haciendo que hace... sin hacer nada. Esto es una constante en la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la Galicia.


La Atención Primaria (AP) estaba mal en el año 2019. Los recortes hechos nos últimos 10 años por los gobiernos de Feijóo (que ya lleva cuatro conselleiros de sanidade) junto con la convocatoria de huelga de abril del 2019, son la clave para hacer que la administración abriera una Mesa de Diálogo, que llevó a los Sindicatos y a diferentes organizaciones sociales, científicas y políticas, a su desconvocatoria in extremis, por la oferta del SERGAS del Consejo Técnico (CT) de AP de Galicia. Sabemos que la administración, cuando no quiere resolver un problema, “promueve una comisión”… Pues bien: ¡Feijóo promovió 15! Este CT, trabajó a destajo durante seis meses, de forma desinteresada, con 208 personas de diferente ideología, que llegaron, en noviembre del 2019, a las conclusiones que tiene en su poder el nuevo gerente del SERGAS (...y van dos). Este dejó pasar un año (con la disculpa de la pandemia…) con 2.200 muestos y 4.000 contagios de sanitarios y sanitarias gallegas, sin hacer nada. Después de hablar con el SERGAS, conseguimos poner en marcha, de nuevo, el CT, que no lleva el ritmo que nosotros esperábamos y sigue dándonos largas, para poner en marcha el Nuevo Modelo de AP en la Galicia.


El Sistema Sanitario está impregnado de hospitalcentrismo. Todo lo importante que se hace: desde el aparataje, el personal, etc. sucede en este nivel asistencial. La política austericida de los gobiernos de Feijóo llevó al desmantelamiento de la AP que hoy continua en la Galicia. La Precariedad Laboral que existe (y que se promueve desde el SERGAS) provoca la falta tanto de profesionales, como de estabilidad, de sustitutos, de material, de oposiciones reales que cubran las plazas vacantes y que tenga en cuenta las jubilaciones, la emigración masiva de profesionales a lugares que de verdad dignifiquen la profesión que tanto trabajo cuesta conseguir (y que en esos lugares no gastan un peso en su formación y que nosotros los formamos y no nos beneficiamos de su profesionalidad); esto lleva consigo el deterioro más importante que se recuerda en la AP.


Y llegó la Pandemia. Al principio, las contradicciones de los especialistas y los minutos de gloria de los políticos de turno, hicieron que la incertidumbre fuese cada día mayor. Se pensó que cursaría como algo parecido a la gripe común, pero el tiempo fue poniendo de manifiesto que estábamos muy equivocados: la que se nos venía encima era algo desconocido y mucho más agresivo, en todos los sentidos, de lo que sabíamos.


Y mientras tanto, ¿Feijóo que hacía? Modifica la Ley Gallega de Salud (la primera vez): para suprimir cuatro Gerencias importantes y elimina la participación ciudadana: retira el Consejo de Salud de Galicia y los Consejos de Salud de Área Sanitaria, aparte de consolidar los recortes a las privatizaciones. Ahora, reforma de nuevo a LGS. Desde la Plataforma SOS Sanidad Pública de Galicia,rechazamos el proyecto de reforma, de la reformada,LGS, ya que se presenta, como una Proposición de Ley del Partido Popular en lugar de como gobierno de la Xunta, para evitar el informe preceptivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Galicia sobre la legalidad de esta propuesta y tampoco recoger el informe preceptivo, sobre el impacto de género, que está en la Ley 7/2004 de 16 de junio de Galicia para la igualdad de mujeres y hombres. Utiliza la alarma social de la pandemia. Supone una reforma innecesaria, dado que la actual legislación cuentan con todos los instrumentos legales necesarios para afrontar la COVID-19. Recorta derechos y libertades que en otras circunstancias no serían aceptados por la población. Impone, bajo amenaza de grandes sanciones, el deber de realizar pruebas, vacunaciones y tratamientos, invadiendo la libertad de decisión de las personas sobre su salud. Vulnera la Ley de Consentimiento Informado. La OMS se pronunció contra la vacunación de carácter obligatorio. Otorga un enorme poder al Comité Clínico (CC) integrado mayoritariamente por cargos institucionales, designados a dedo por la Xunta, por afinidad política. Avanza hacia un “estado policial” al multiplicar el número de autoridades sanitarias con capacidad de intervenir en temas sensibles para las libertades y el derecho a salud. Pretende controlar la vida y actividad de las personas, con el pretexto de proteger su salud, utilizando las nuevas tecnologías informáticas (muchas de ellas en manos privadas). Establece un régimen de sanciones de una cuantía a la que no podrá hacer frente buena parte de la población y de muchas pequeñas empresas. En 53 páginas, ¡emplea la palabra “sanción” en 74 ocasiones! No contempla medidas para intervenir sobre la situación de las Residencias de Mayores (muchas de ellas en manos de grupos multinacionales y de la iglesia) pese a ser el principal determinante de la mortalidad: a día de hoy al 45% de los muertos lo fueron en estas “ratoneras” donde se prioriza la cuestión económica antes que la sanitaria.


¿Quién toma las decisiones sobre la pandemia? Feijóo y su sus voceros, nos dice que el CC: pues bien, aparte de que Feijóo habla siempre “antes de las reuniones del CC” de lo que va a pasar, este se compone, casi en su mitad (47%), de cargos institucionales, cuya designación es por criterios de afinidad política en lugar de por su experiencia o conocimientos contrastados. Falta personal experto en pandemias; 20 de un total de 26 miembros de la “Comisión de Expertos” defienden intereses privados o presentan graves conflictos de interés, por su vinculación a las empresas farmacéuticas, incluyendo a las que comercializan las vacunas para la Covid-19.


En este tiempo de pandemia, el SERGAS y Feijóo promueven la dificultad de acceso a los Centros de Salud, cerrando incluso algunos y promoviendo las consultas telemáticas, sabiendo que en el rural gallego, el 20% de la población no tiene acceso a Internet y el 6% de las personas saben usar el móvil de forma muy básica. Además, por Internet el SERGAS “no permite la consulta presencial”. Mientras la pandemia continúa, Feijóo sigue privatizando la sanidad pública: lo de Vigo ya es sangrante. ¡Existe un aumento de los seguros privados en los últimos años de forma exponencial!


Y pensaremos: con la que está cayendo, ¿los presupuestos en AP tienen que aumentar tremendamente? Pues no. El presupuesto de este año es mejor que el del 2020 y mejor que el del 2019, pero inferior en 200 millones de euros con respeto al 2009, cuando Feijóo llegó el poder en la Galicia.


En el tema de los Rastreadores, el destrozo ya fue de traca: comenzó diciendo que en Galicia teníamos 6.100, y a los poco días “pedía militares para hacer esta labor”… En realidad eran 160 personas para un trabajo fundamental en el seguimiento y detección de los casos positivos y asintomáticos de personas infectadas: “...si necesitas militares para hacer tareas sanitarias, es que te sobran militares y te faltan sanitarios”.


Y ya tenemos la vacuna… o vacunas. Diferentes laboratorios, en tiempo récord, y con ciudadanos en “Fatiga Pandémica”, fueron capaces de elaborar un remedio que permite ver el final del túnel…siempre y cuando, “los de siempre”, permitan que la vacunación siga un orden y que por creerse impunes, por la “falta de vigilancia y control de la administración”, lo permitan... Con respecto a Josefina Fernández dijo Feijóo: "...tendrá que ser ella quien dé explicaciones". El mundo al revés: ¡los responsables de vigilar el proceso de vacunación con fondos públicos, delegan en los cara dura!


El desmantelamientode la sanidad (y de otros muchos servicios públicos) tiene un efecto devastador en el rural. Desde el sistema privatizador de Feijóo, la estrategia es: primero dejo de invertir en el público, luego el servicio se deteriora, ergo tengo que privatizarlo.


El futuro lo tenemos difícil. La Sociedad Gallega, está acostumbrada a pelear... y a hacerlo duramente, pero hay esperanza de que cambie la dinámica de actuación, ¡para poder hacernos dueños y dueñas de nosotros mismos!

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