Por qué escasean las vacunas

Las vacunas salvan vidas. Por caso han evitado la muerte 

de más de 35 millones de niños en el presente siglo. La cifra podría ser mayor 

si se mejorasen los programas de vacunación.

Cuando escribo estas líneas (1 de mayo) el ritmo de vacunación está lejos del prometido por las autoridades sanitarias (según la OMS en la Unión Europea no llega al 10% la población que recibió la pauta completa, lo que a este ritmo no será hasta febrero del 2023 que se alcanzará el objetivo del 70%) a pesar de que sabemos que el número de vacunas existentes es de por sí bastante elevado (50) y que laboratorios de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, India y Cuba las están produciendo. Cuando también sabemos que algunos de los laboratorios recibieron para investigación, desarrollo y producción en masa miles de millones de euros -solo la Unión Europea pagó, que se sepa, 2.000 millones-.

A pesar de ese estímulo público, las industrias conservan, con el beneplácito de los gobiernos, las patentes, lo que les da un enorme poder tanto para negociar con ventaja con los gobiernos cuanto para dificultar la producción masiva de las vacunas antiCOVID-19. Un poder que, por caso, posibilita injustificadas y esmesuradas oscilaciones en los precios -entre 1,78 y 15,50 euros/dosis- que se ven favorecidas por las competencias entre estados que las propias farmacéuticas promueven. Un poder que también les posibilita imponer cláusulas tan inverosímiles como las de no responsabilidad en caso de que haya efectos secundarios.

Privilegios que explican por qué se estén produciendo ritmos de vacunación tan dispares entre estados (si en la Unión Europea el porcentaje de población que ha recibido la pauta completa es del 9,9%%, en los estados los porcentajes varían, por caso, desde el 23,5% de Malta y el 20,6% de Hungría al 3,3% de Bulgaria y 2,4% de Estonia). Unos ritmos de vacunación que, en muchos casos, ponen a cielo abierto el estado real de unos sistemas sanitarios públicos que víctimas de los ajustes intentan cubrir sus déficits con una sobreexplotación y muy arriesgada exposición del personal sanitario como, por caso, estamos viendo claramente en Galicia donde el destrozo sanitario provocado por las políticas públicas del Partido Popular (PP) redujo considerablemente la capacidad de respuesta del sistema frente a pandemia de la COVID-19.

Todo esto sucede, como explicaba en un artículo anterior en este mismo medio, gracias a los derechos de exclusividad que las patentes conceden las industrias farmacéuticas y que parecen estar claramente por encima de los derechos a la vida y a la salud de los ciudadanos. Unos privilegios que dejan en el aire incógnitas tan importantes como cuánto tiempo y qué grado de inmunidad conceden las vacunas utilizadas, qué garantías hay de no contagio y de que no se producirán efectos secundarios. Mucho menos sabemos, por caso, cuándo se garantizará el acceso universal, equitativo y gratuito como pasa con otras vacunas.

A nivel geopolítico está situación está poniendo una vez más en evidencia la auténtica realidad de la Unión Europea. Una Unión que mientras con mano de hierro impone a sus estados miembros políticas de austeridad y rebaja salarial que deprimen las economías, frenan el crecimiento económico y disparan el desempleo no es quien de garantizar la vida y la salud de sus ciudadanos a causa de favorecer intereses privados como, por caso, sucede ahora con las farmacéuticas y las patentes de las vacunas contra la COVID-19.