El “roaming”, injustificable, en el Espacio Europeo, sangrante en el Transfronterizo

Antón Alonso

Cuando han transcurrido casi 30 años, de la entrada efectiva de Portugal y España, como miembros de pleno derecho, en la Unión Europea, las fronteras aún no han sido eliminadas.


La última frontera de Europa no es ninguna línea, física o trazada como tantas otras, que separe dos estados o países de este viejo continente condenado a unirse. No, no es eso y menos entre Portugal y Galicia donde la separación es claramente artificial.


Y la definición más adecuada, por lo que contiene de metáfora, para esa manera de abuso total e injustificable se conoce como el "roaming", fórmula impuesta por las operadoras de telefonía móvil para sangrar a sus clientes transfronterizos que precisa hacer uso de él.


El "roaming", (la palabra en inglés, en su fonética, semeja expresar mejor la desfachatez de la manera de actuar de las operadoras multinacionales que el equivalente de "servicio itinerante") constituye esa última frontera europea, con un impacto muy negativo para los ciudadanos en especial sobre la economía y los trabajadores de la frontera luso-galaica.


Por eso, la Comisión Europea propuso su eliminación y el Parlamento Europeo ratificó, concretando su desaparición el 15 de diciembre de 2015. Pero, utilizando ese indecente derecho de veto que ejercen los Estados miembros de la Unión Europea, con el lamentable papel de España y Portugal, en este asunto, se frenó la propuesta europarlamentaria, anteponiendo el interés de las operadoras al de la ciudadanía víctima del abuso y pretenden posponer la eliminación del ""roaming", " hasta el año 2018.


Aun así está pendiente un acuerdo final. Estamos delante de un desafío una vez más, los ciudadanos frente a la presión de los grupos empresariales que solo miran la cuenta de resultados de sus negocios, aunque sea el resultado de utilizar frecuencias y espectros públicos, que les pertenecen, en propiedad.


Es un caso claro de abuso y poder dominante el de las operadora que violentando uno de los principios básicos que consagra el Mercado Interior Europeo, pasando por debajo de la entrepierna, el derecho de la ciudadanía a moverse libremente por el territorio de la Unión.


Con la imposición de la tarifa superior, el sobre coste, impide esa igualdad de trato que va en el ADN de la esencia comunitaria. Es tiempo de movilización cívica, de ejercer el contrapeso, que fuerce a los Estados a modificar su postura. Conseguir un rápido final para la práctica abusiva de las operadoras telefónicas, que ya dura lustros, lastrando las economías domésticas e empresariales con unos precios de la etapa analógica de las comunicaciones, debiera ser una prioridad para la Comisión Europea, y ejercer su autoridad en algo que afecta a la economía de sus ciudadanos, la misma que propicia la movilidad laboral consiente el inmovilismo tarifario.


En ese camino, el Eje Atlántico, organización fronteriza que une a 33 ayuntamientos gallegos y del norte portugués, acaba de llamar la recogida de firmas a través del portal "change.org/zeroroaming" para hacerse oír y llamar la atención, lícitamente, de los gobernantes procurando que decidan, de una vez, evitar así que se paguen llamadas recibidas desde el extranjero, hacerlas fuera con las condiciones de la operadora de origen, librarse de la sorpresa en la factura que le produce a los usuarios fronterizos por la invasión de las redes foráneas o no perder comunicación al entrar en el territorio de otra operadora. Es necesario sumarse a la iniciativa. Una firma para derribar la última frontera europea artificial, creada por los mercaderes.


Antón Alonso

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