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Denuncian un nuevo episodio de prospecciones mineras "ilegales" en Coristanco y Santa Comba

Sindicato Labrego Galego y colectivos vecinales y ecologistas han denunciado la realización de prospecciones mineras "ilegales" en los ayuntamientos coruñeses de Coristanco y Santa Comba.

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El Sindicato Labrego Galego y la Rede Contra a Minaría destrutiva de Galiza presentaron una solicitud de paralización de las prospecciones de una empresa que, según dicen, no cuenta con las autorizaciones pertinentes. 


Ya el año pasado la misma empresa realizó más de un kilómetro de sondeos, una cifra similar a la que pretendían alcanzar el pasado mes de julio a través de su filial Corcel Minerals SL y de la empresa de sondeos Geonor Servicios Técnicos SL


El Sindicato Labrego Galego y colectivos ecologistas denuncian prospecciones mineras

Prospecciones en la zona | Foto: EP


Sindicato Labrego Galego y colectivos vecinales y ecologistas han denunciado la realización de prospecciones mineras "ilegales" en los ayuntamientos coruñeses de Coristanco y Santa Comba.

En un comunicado suscrito por el SLG y la Rede Contra a Minaría destrutiva de Galiza, estas entidades informan de la presentación el pasado miércoles de un solicitud de paralización y apertura de expediente sancionador contra la compañía Corcel Minerals SL.

Sostienen que esta empresa llevó a cabo actividades mineras que "no fueron sometidas a información pública ni al examen de los distintos organismos sectoriales para evaluar sus potenciales impactos".

Además, aseguran que las prospecciones en la zona húmeda Braña da Serra, un área "de especial valor y alta singularidad ecológica", carecen de plan restauración o estudio de impacto ambiental.

Los colectivos advierten que los "sondeos inclinados" que lleva a cabo la compañía en este punto "podrían afectar acuíferos y reservas freaticas de agua" puesto que en la zona existen "varias fuentes" que sirven a las familias que viven en el entorno.

Así las cosas, denuncian que las prospecciones fueron paralizadas por orden de la Administración autonómica a mediados del mes de junio, pero, tres meses después, la compañía las ha retomado "evidenciando que consideran perfectamente factible operar sin cumplir el marco normativo".

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