"Pedimos que las plazas de empleado público se ganen, no que se regalen", clama la Plataforma Defensa Derechos Turno Libre

La norma que facilita a los interinos conseguir una plaza de funcionarios está levantando muchas ampollas. La Plataforma de Defensa de Derechos del Turno Libre encabeza las protestas de opositores y funcionarios por toda España, que se ven perjudicados por el cambio legal. 

Galiciapress entrevista a dos de sus miembros en Galicia, Elena López,  que es opositora a cuidadores de la  Xunta de Galicia y Noelia, que prepara las oposiciones a Auxiliar de la Administración Xeral de la Xunta, nivel C2.

Una pasada protesta de la Plataforma de Defensa del Turno Libre frente al Congreso de los Diputados 

En términos generales, la Plataforma Defensa Derechos Turno Libre cuestiona que a los interinos se les 'regale' la plaza en la Administración Pública sin superar una oposición. Muchos interinos rebaten que no se les regala nada, simplemente se les puntúa los años que ya llevan trabajados. ¿Hasta qué punto es cierto esto?

Esta afirmación no puede ser cierta partiendo de la base de que en el RDL 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado público, mejor conocido como EBEP, ya se contempla un procedimiento específico pensado para valorar la experiencia de aquellas personas que prestan servicios en la Administración Pública. Dicho proceso, se conoce con el nombre de concurso-oposición, y consiste en la valoración de méritos de los aspirantes, los cuales mayoritariamente consisten en la citada experiencia y pueden llegar a abarcar hasta el 40% de la nota del proceso selectivo,porcentaje que es el mayormente utilizado a día de hoy (previendo un 60% para la fase de oposición y un 40% para la fase de concurso). De esta manera un opositor libre necesitaría sacar un 10 para estar en la misma posición que un interino que haya sacado un 6. Resulta obvio por tanto la clara discriminación a la que se somete a opositores que en ningún caso han tenido la posibilidad de optar a dichos méritos. 

La Ley también supone un agravio comparativo hacia los funcionarios de carrera, ya que verán mermadas sus posibilidades de acceder al concurso de traslados y a promoción interna

El artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". Por lo tanto, si ya antes partíamos en desventaja, con esta ley se nos cierran todas las posibilidades de acceso al empleo público, ya que el propósito de esta ley es que la fase de oposición no sea eliminatoria, pasando automáticamente todos los interinos a la fase de concurso sin necesidad de estudiar.

Por otra parte, no todos los interinos accedieron de igual forma al empleo público. Algunos puede que sí aprobaran algún examen (importante señalar que sólo se considera que se ha aprobado una oposición cuando se superan ambas fases del proceso selectivo), pero otros accedieron mediante una bolsa empleo, o los llamaron del Servicio Público de Empleo, otros aprobaron hace muchos años y mientras se presentan a los exámenes sin estudiar para no perder el puesto en la lista...etc. Consideramos que hay muchas variantes que hacen muy injusta esta ley.

Por último, señalar que esta Ley también supone un agravio comparativo hacia los funcionarios de carrera, ya que verán mermadas sus posibilidades de acceder al concurso de traslados y a promoción interna, habiendo ellos superado en su momento un proceso selectivo, y viendo ahora como se les iguala en derechos a los interinos.

A nivel normativo, el inicio de la disputa es e Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, que derivó en un Proyecto de Ley aprobado en las Cortes en diciembre. ¿Está por lo tanto el debate legal y político cerrado o aún hay tiempo de modificar los términos de esta reforma en el desarrollo normativo y reglamentario posterior?

A nivel Parlamentario, la norma ya está aprobada tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado y publicada a su vez en el Boletín oficial del Estado, con lo cual esta vía está agotada. En este punto, la única posibilidad sería la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, algo que ninguno de los órganos constitucionalmente legitimados está por la labor de hacer. Ahora bien, es cierto que se dejará en manos de la futura Ley que cada Comunidad Autónoma debe desarrollar pequeños aspectos, que en ningún caso se pueden apartar de la normativa básica estatal, y que determinarán que el perjuicio causado a los opositores pueda ser un poco menor dentro de la gravedad de los hechos.

Muchas convocatorias implícitamente te obligan a afiliarte a un sindicato, porque cuentan como mérito en la fase de concurso los cursos de esas organizaciones, en detrimento de otras instituciones

El Gobierno dice que el texto original proviene de un acuerdo refrendado en la Mesa General de Negociación con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Es decir, que cuenta con el apoyo de los principales sindicatos de la administración pública en España. ¿Qué papel cree que han jugado los sindicatos en este debate? 

Si bien es cierto que el citado texto se ha negociado con los principales sindicatos de las Administraciones Públicas, debemos tener en cuenta que los mismos solamente están velando por los intereses de sus afiliados (los interinos) sin importar, y siendo plenamente conscientes, que esta norma supondrá un perjuicio irreparable para miles de personas. Los opositores libres no tenemos ningún papel en esa mesa de negociación, algo que resulta cuanto menos sorprendente habida cuenta de que somos los principales afectados por la norma. Al igual que legalmente está previsto que las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participen, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad ( art.2 del RDL Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) parece lógico esperar lo mismo en los diversos ámbitos sectoriales, algo que a día de hoy no ocurre en el ámbito de la función pública.

Por otra parte, dichos sindicatos no se cansan de afirmar que esto será una gran oportunidad para opositores alegando el envejecimiento de la plantilla en la Administración, pero no podemos dejarnos engañar por palabras vacías, puesto que es bien sabido que en los años de la anterior crisis la tasa de reposición fue 0 en numerosos sectores, tasa que mide el número de personas de nuevo ingreso por cada jubilación que se produzca.

En resumen, la sensación que tenemos desde nuestra Plataforma, es que se ha roto la imparcialidad que debe caracterizar a estas instituciones,  haciendo además las organizaciones sindicales negocio de las oposiciones, ya que en muchas convocatorias implícitamente te obligan a afiliarte a uno, porque cuentan como mérito en la fase de concurso los cursos de esas organizaciones, en detrimento de otras instituciones públicas, como pueden ser los másters oficiales de las universidades.

Al margen de las fuerzas que apoyan al Gobierno, tampoco la oposición se ha posicionado nunca en contra de estos cambios, o al menos no hasta el punto de convertirlo en un elemento importante de sus críticas al Gobierno. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?

El motivo de que ningún Partido Político en este país se haya pronunciado en contra de la citada norma se debe al abultado número de interinos que hay en la totalidad de las Administraciones Públicas españolas. Un abultado número de personas que se traduce en un abultado número de votos. Además, este gran número de interinos está repartido en la totalidad del territorio español, territorios al frente de los cuales han estado gobernando durante diferentes periodos, partidos de diverso signo político. Ello supondría admitir públicamente la dejación de funciones constante que se ha producido a la hora de promover la cobertura de dichas plazas. 

Además no podemos olvidar que los interinos están respaldados por todos los sindicatos, los cuales nadie puede negar que son una poderosa maquinaria de presión social.

 Uno de los principales argumentos de los partidarios de la Ley es que el resultado final es que reducirá la temporalidad en el sector público, que son muy elevadas en muchas administraciones. ¿Era posible lograr mayor estabilidad sin recurrir a este tipo de normas?

La respuesta es un rotundo Sí, claro que existe una forma de cubrir las citadas vacantes de manera legal y sin perjuicios irreparables para ningún colectivo. La cobertura de las plazas mediante los procedimientos legalmente establecidos convocando dichas plazas, ya sea mediante una oposición pura o mediante un concurso-oposición con unos porcentajes equitativos que no vulneren el acceso a la función pública para quienes no han tenido la oportunidad de acceder a una interinidad, al mismo tiempo que se valora la experiencia adquirida. 

Es importante recalcar que esta Ley afecta a toda la ciudadanía española, ya que, con lo maltratada que está la situación laboral en todas las franjas de edad, la opción de opositar debe ser posible en todo momento. No se entiende que, con las cifras que maneja España de paro entre la población joven, el Gobierno decida cerrarle otra puerta más a este colectivo, sin olvidar tampoco a aquellos sectores que fueron golpeados por la crisis del 2008, primero, y por la del coronavirus después, que ven en las oposiciones una manera de lograr estabilidad. Defender la igualdad en el acceso al empleo público es un asunto que nos atañe a todos. 

Nosotros pedimos que las plazas de empleado público se ganen, no que se regalen. Llega a tanto la “mala baba” de los interinos, que hasta quieren paralizar procesos selectivos ya convocados y examinados. Es decir, que aunque se les dio la oportunidad de demostrar su valía estudiando, como suspendieron, ahora se agarran a esta Ley, sin importarles perjudicar a miles de opositores que ya se han dejado una buena cantidad de dinero, esfuerzo y salud mental en las oposiciones. Nosotros no pedimos nada que no sea justo para ambas partes.

El día 15 están previstas concentraciones de protesta en Santiago y en otras muchas localidades de España, como Barcelona. Este fin de semana se van a realizar otras en ciudades como, por ejemplo, Valladolid o Valencia. Realizadas estas movilizaciones, ¿tienen previsto continuar con sus reivindicaciones? ¿Hay algún otro acto previsto o que opciones manejan para seguir alimentando el debate sobre esta ley?

La respuesta a esta pregunta también es otro rotundo si, no puede ser de otra manera cuando se juega con el futuro de miles de personas. Personas que han dedicado años y dinero a su formación para lograr un puesto de trabajo respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente establecidos. Personas que al igual que en el colectivo de los interinos tienen diversas edades, situaciones y circunstancias personales. Agotaremos todas las vías y tocaremos todas las puertas que el ordenamiento jurídico nos permita.

Tenemos planeado continuar con las concentraciones en diferentes sedes de las distintas CCAA, y seguir comunicándonos con las distintas fuerzas políticas y sindicales, así como al Defensor del Pueblo, para que escuchen nuestra versión de los hechos y poder llegar a un acuerdo. Hemos sido una de las partes afectadas por esta Ley que nunca fue escuchada ni tomada en cuenta, si no que fue una negociación unilateral. Por eso reivindicamos nuestra presencia y que sean valoradas nuestras reclamaciones.

Estamos realizando peticiones de unión a todos los funcionarios de carrera, ya que con esta ley ellos también se verán afectados en la parte que les atañe, los concursos de traslados y la promoción interna.