#Claves de la semana

Piden 27,5 años de cárcel para los cinco acusados por los 88 kilos de hachís hallados en una furgoneta con destino Vigo

La Fiscalía pide penas que suman 27 años y medio de cárcel para cinco acusados de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal, supuestamente vinculados con un cargamento de 88 kilos de hachís localizados en una furgoneta que fue interceptada en Monçao (Portugal) y que circulaba hacia Vigo.

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La Fiscalía pide penas que suman 27 años y medio de cárcel para cinco acusados de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal, supuestamente vinculados con un cargamento de 88 kilos de hachís localizados en una furgoneta que fue interceptada en Monçao (Portugal) y que circulaba hacia Vigo.

Los cinco acusados, vecinos de la ciudad olívica y del municipio vecino de Redondela, serán juzgados este miércoles y este jueves en la sala de lo Penal 1 de Vigo y, además de las penas de prisión, el ministerio público pide para cada uno de ellos multa de 1,5 millones de euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional seguían la pista de estos cinco sospechosos, que formaban una red estable dedicada a trasladar hachís que adquirían en el sur de España y que posteriormente distribuían en las zonas de Vigo, Redondela y sus inmediaciones.

En este grupo hay, según la Policía un 'cabecilla' que se dedicaba a negociar la compra del estupefaciente, para lo que se reunía con los proveedores en un tanatorio de Huelva, además de en otros puntos del sur de la Península. Asimismo, coordinaba los desplazamientos desde Galicia y también la venta de la droga.

Junto a él, uno de sus colaboradores, un empresario hostelero de Redondela, prestaba su local para las reuniones del grupo y se encargaba de proveer vehículos a la organización para hacer los desplazamientos al sur de España. De hecho, se recoge en el escrito de acusación, llegó a registrar a nombre de su pareja hasta 17 vehículos diferentes empleados por los acusados en su actividad ilícita.

El grupo se completaba con otros tres acusados, que participaban tanto en las tareas de transporte del hachís como en las labores de 'contravigilancia' en los trayectos entre Galicia y Andalucía (que se hacían por Portugal), y que también eran encargados de distribuir la droga una vez en su destino.

FURGONETA INTERCEPTADA
A finales de enero de 2017, según las investigaciones policiales, los acusados mantuvieron varios encuentros y viajaron a Huelva con el objetivo de preparar un transporte de hachís. Hasta el tanatorio donde se hacía la transacción se desplazaron el cabecilla del grupo y otros dos acusados, uno que haría el transporte de la droga en una furgoneta 'caleteada' y otro que se encargaría de ir de 'avanzadilla' para detectar posibles controles policiales.

La Policía seguía los movimientos de los sospechosos y el 1 de febrero, al constatar que la furgoneta no regresaba a España desde Portugal (ya que uno de los acusados había avisado al transportista de que había un dispositivo de seguimiento policial), los agentes de desplazaron a la localidad lusa fronteriza de Monçao.

Allí, la GNR portuguesa había interceptado la furgoneta en la que, al ser inspeccionada, se descubrieron 90 bolsas con bellotas de hachís ocultas en compartimentos en los bajos y las puertas del vehículo. En total, se encontraron algo más de 88 kilos de hachís cuyo valor en el mercado negro rondaba los 506.000 euros.

Tras las detenciones, la Policía llevó a cabo varios registros en los vehículos y domicilios de los sospechosos, donde se encontraron diversas cantidades de dinero, numerosos teléfonos móviles, libretas con anotaciones, y otros efectos. Además, en el domicilio del jefe del grupo también se intervinieron un chaleco anti-balas, una defensa eléctrica, una pistola de aire comprimido y un detector de metales.

Por estos hechos, la Fiscalía considera a los acusados autores de los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal, y pide para cada uno de ellos 5 años y medio de prisión, y multa de 1,5 millones de euros.

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