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La Guardia Civil decomisa en Pontevedra cerca de 1.500 juguetes que no cumplían con los estándares de seguridad​

La Guardia Civil ha retirado de la venta casi 1.500 juguetes que han sido requisados en la provincia de Pontevedra por no reunir las condiciones exigidas de seguridad en las diferentes directivas del Consejo Europeo, según han informado fuentes del Instituto Armado.




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Según la benemérita, los productos eran peligrosos para los niños y no reunían las condiciones exigidas. 


El valor en el mercado de los juguetes intervenidos ronda los 8.000 euros. 


Guardia Civil retira de la venta 1.500 juguetes en la provincia de Pontevedra por no cumplir la normativa de seguridad.Juguetes decomisados | Foto: EP


La Guardia Civil ha retirado de la venta casi 1.500 juguetes que han sido requisados en la provincia de Pontevedra por no reunir las condiciones exigidas de seguridad en las diferentes directivas del Consejo Europeo, según han informado fuentes del Instituto Armado.


Estas intervenciones han tenido lugar en el marco de una campaña de inspecciones desarrolladas en los últimos dos meses en diferentes locales de la provincia, tanto en establecimientos mayoristas como en bazares minoristas, donde se venden juguetes a bajo coste y mayoritariamente regentados por ciudadanos de origen asiático.

Así, los efectivos de Patrulla Fiscal y de Fronteras detectaron irregularidades en 13 de los 42 establecimientos inspeccionados, que dieron lugar a la tramitación de 13 actas por infracciones administrativas de contrabando. Como consecuencia, los agentes se incautaron de 1.486 juguetes, en su mayoría de origen chino, al no acreditarse su legal adquisición y lícita importación.

Del mismo modo, se formularon 42 actas por diferentes infracciones en materia de seguridad y consumo, relativas a las marcas, etiquetas y envases. También se detectaron algunos juguetes provistos de láser sin la correspondiente inscripción informando sobre su peligrosidad y clasificación de riesgo.

La totalidad de los juguetes intervenidos, cuyo valor asciende a unos 7.900 euros, fueron precintados y puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que las denuncias fueron remitidas al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, así como a los organismos competentes en consumo de la Xunta de Galicia.

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