Toda la Cámara reclama que se adelanten compensaciones a mariscadoras por el dragado de la ría de O Burgo

Todo el Parlamento gallego ha reclamado a la Xunta que adelante el dinero de las compensaciones económicas a mariscadoras --mediante la firma de un convenio con el Estado con los fondos pertinentes-- por inactividad obligada durante el tiempo que duren las obras de dragado de la ría de O Burgo (A Coruña).

Esta propuesta del Bloque ha salido adelante transaccionada con el PPdeG, en una propuesta que, según explica Mercedes Queixas (BNG), busca "servir para dar seguridad económica" a las mariscadoras.

Recuerda que en el pleno del pasado 10 de diciembre ya fue aprobada otra iniciativa para demandar al Estado la compensación o indemnización a este colectivo de profesionales por el periodo que no puedan ejercer su actividad.

Ahora, el Bloque aguarda que el Gobierno gallego no continúe como "espectador" a la espera de que actúe el Ejecutivo central. Y es que apunta que los 78 mariscadores afectados desconocen los plazos de las obras de regeneración ni de las ayudas económicas por parte de las administraciones.

Igualmente, ha dicho que el Estado ha respondido a una pregunta del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en la que expone que las mariscadoras pueden presentar reclamaciones judiciales si se sienten perjudicadas por las obras, una respuesta que Mercedes Queixas tacha de "improcedente".

En el debate, la diputada popular Begoña Freire ha subrayado que esas obras "son competencia y responsabilidad exclusiva" del Estado, si bien la Xunta "siempre ha mostrado su plena disposición a asumir la gestión y tramitación de las indemnizaciones" siempre y cuando se tenga "la seguridad de que el Gobierno central transfiera a Galicia los fondos necesarios".

Por otra parte, en esta comisión también ha habido otro acuerdo por unanimidad --en una proposición del PPdeG--, el cual insta a la Xunta a dirigirse al Ejecutivo central para que adecúe y afine los modelos de gestión de las cuotas para evitar que existan paralizaciones provisionales de especies fundamentales cuando no sean rentables económicamente según los datos de consumo y que perjudican gravemente a la flota gallega.