La Xunta abre un nuevo conflicto de competencias con el Estado por los cambios en normativa sancionadora de consumo

La Xunta ha solicitado la apertura de una comisión bilateral con el Estado para resolver un nuevo conflicto entre las administraciones al entender que los cambios introducidos en la tramitación de sanciones en materia de consumo invaden las competencias autonómicas.

La solicitud, oficial a través de una resolución de la Vicepresidencia Primera del Gobierno gallego publicada este lunes en el DOG, se debe a las discrepancias surgidas por el apartado cuarto del artículo 82 del Real-Decreto Ley 24/2021, relativo a la potestad sancionadora en infracciones relacionadas con el consumo.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo gallego consultadas por Europa Press, la Xunta entiende que la norma "afecta notablemente a las competencias de corrección del comprado de las comunidades autónomas, dejando poca margen de actuación al legislador gallego, además de incluir aspectos que alteran el nivel de protección de las personas consumidoras establecido, en muchos casos, por el derecho de la Unión Europea".

Para la Administración gallega, el real decreto "altera el alto nivel de protección" del que gozan consumidores y usuarias en Galicia, "en especial en el que alcanza a las grandes empresas"; por lo que reclama la apertura de la comisión bilateral en aras de resolver un conflicto y evitar, según añaden estas fuentes, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

La Xunta advierte que la nueva ley hace responsable a la administración de probar que la empresa actuó mal cuando, hasta ahora, era la compañía quien debía defender su inocencia; al tiempo que discrepa de la regulación "taxativa" que otorga al concepto de persona responsable, "lo que impide prever supuestos que puedan darse en la realidad y sean diferentes a los establecidos".