Un "Impuesto al sol", aporte gubernamental al desarrollo energético

Hemos conocido estos días, "que el agujero de la capa de ozono alcanzó su tamaño máximo anual el pasado 11 de septiembre”.

Más allá del llamado veranillo de “San Martín”, que estamos sufriendo o disfrutando en Galicia donde las localidades de la costa han superado los 23º C y en el interior no ha bajado de los 20º C, el pasado lunes, nos encontramos ante un panorama energético desconcertante.

Somos excedentes en producción de energía eléctrica de origen hidroeléctrico y eólico, lo que no repercute en el abaratamiento de la misma en esta Comunidad, esta oportunidad que debería ser un diferencial para el desarrollo industrial, está eliminada por decreto en base a ese eufemismo llamado “armonización de la tarifa eléctrica”.

Los políticos, tanto los que se mueven entre ventanas y puertas giratorias, como los que aspiran a hacerlo, no consideran “esto” importante, aunque podría ser determinante en el abaratamiento de los costes inherentes a la periferia; las eléctricas mucho menos, a pesar de que expropiaron a precios más que discutibles, terrenos que ocupaban las riberas de los ríos, que no olvidemos son un patrimonio natural y Público.

No importa que una ciudad como Ourense, un pueblo o aldea esté al lado de una central o subestación eléctrica, los precios del kilovatio son igual para los que sufren estas instalaciones como para quienes las usan en la Gran Vía de Bilbao, La Castellana de Madrid o Vía Layetana en Barcelona, todo un ejemplo de integración regional por la vía de la cuenta de resultados de las eléctricas.

Pero volvamos “al sol que nos calienta en estos días”, más allá de lo que supone para el disfrute en estos días de la celebración de los “magostos”, en toda la geografía gallega, especialmente en tierras ourensanas, vemos, una vez más, como se desaprovecha esta fuente inagotable de energía.

Los valientes y osados que en la diseminada población gallega buscan un ahorro mediante la instalación de placas solares ya han sido apercibidos por el Estado, al frente del que se haya este agotado gobierno, que vuelve a resucitar los “fielatos” con un anacrónico “Impuesto al sol”, si deciden llevar a cabo su proyecto.

España, por sus condiciones climáticas, y si como parece el cambio climático es casi imparable, podría convertir este hecho en una oportunidad, desarrollando y aprovechando la inagotable energía solar. Resulta, inexplicable que se pongan tantas trabas al desarrollo de la producción de energía eléctrica en hogares y pequeñas empresas, a través de placas fotovoltaicas y al autoconsumo eléctrico.

Hace años, energías como la eólica o fotovoltaica era una idea, incluso una utopía, hoy son una realidad. Una instalación sencilla de paneles fotovoltaicos puede cubrir buena parte de las necesidades energéticas a muy bajo coste, ideal para satisfacer la demanda en zonas no altamente pobladas, como sería el caso de la Comunidad Gallega y otras muchas del resto del estado.

¿Cómo quieren fijar población en el rural o en los pueblos de menos de 15.000 habitantes de toda geografía nacional, si todo lo que ellos tienen oportunidades de producir se lo encarecen artificialmente?

Leía en un informe de la OCU, que, en Sevilla, una zona favorable, por el número de horas solares, el ahorro de una pequeña instalación podría llegar a 108 euros año. Esa misma instalación tiene unos costes de legalización, que ascienden a 800 euros, en muchos casos más altos que el importe total de la misma.

¿Qué sentido puede tener este modelo de desarrollo? ¿Cuál será el plan estratégico energético de las Administraciones? ¿Da igual la planificación energética en Ourense que en Badajoz?

En lo único que la Administración nos iguala es en el número de trabas que ponen al autoconsumo energético, sin importarle ni el futuro, ni el presente, de sus administrados, por lo que están de verdad preocupados es por “cobro del peaje energético”, y en la defensa de los intereses del “lobby eléctrico”.

Resulta inexplicable en un país que posee una fuente inagotable de energía como la solar, en vez de favorecer su desarrollo a todos los niveles, haciendo de esto una fortaleza, y exportar este conocimiento, la única preocupación de la Administración, sea: “poner el mayor número de trabas al autoconsumo”.

No parece que le preocupe tampoco la capa de ozono, como aporte novedoso esta sagaz Administración, se descuelga con la creación de un “impuesto al sol" para quienes opten por este modo de abastecerse de energía.

Este impuesto extra por conectarse a la red, junto a la inexistencia de un sistema de balance neto, que permite recuperar sin coste la energía volcada en la red cuando no se ha consumido, son hoy por hoy los principales escollos que impiden el desarrollo de energías renovables en los diseminados hogares, de nuestra geografía.

La Comisión Europea, reconoce que estas energías proporcionan seguridad en el suministro, reducen emisiones, abaratan los costes energéticos, contribuyen al desarrollo industrial, fijan población y mitigan el abandono de nuestros jóvenes, de villas, pueblos y aldeas, contribuyendo a reducir la dependencia energética de nuestro país.

Todo son ventajas, pero aquí, en España, La Administración, lejos de fomentarlas, le ponen impedimentos, en contra del propio mandato constitucional.

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Esta afirmación, contenida en el artículo 103.1 de la Constitución española, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la Administración. El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la Administración.  La actuación de la Administración deberá estar guiada por la búsqueda y prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá -por imperativo del artículo 103.1 de la Constitución- apartarse del fin que le es propio."

¿Acaso tiene el Gobierno otros intereses más elevados que proteger?

Antón Alonso