​El juez pide al Sergas que identifique a otros cargos vinculados con los tratamientos de la hepatitis C

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, que investiga la causa abierta por el suministro de los tratamientos de la hepatitis C, en la que dos altos cargos de la Xunta están investigados por supuestos delitos de prevaricación y homicidio imprudente, ha pedido al Sergas que identifique a los miembros de la subcomisión de tratamiento para que estos comparezcan a declarar en calidad de testigos.

Además, el juez, en un auto de la semana pasada, solicita que el Sergas identifique a los responsables de las compras de los fármacos, tanto "a nivel centralizado como a nivel hospitalario", para que también sean llamados a declarar como testigos.

De ello ha informado, en rueda de prensa, el portavoz de la plataforma gallega de afectados por la hepatitis C, Quique Costas, quien ha señalado que el instructor, por último, ordena a las fuerzas del orden público localizar a las familias de las seis víctimas para ofertarles el ejercicio de las acciones legales que le corresponden.

"Hay una activación mayor del procedimiento", ha interpretado Costas, para "alegrarse" por este hecho y por el ritmo "más ágil" que entiende que se dará a partir de este momento en la instrucción. De hecho, ha esperado que "pronto" finalice esta fase "y se pueda llegar a la apertura del juicio oral", cuestión que, como ha remarcado, la plataforma solicitará.

Hasta ahora, además de los dos altos cargos --miembros de la comisión de tratamiento de hepatitis C y con calidad de investigados en la causa--, declaró en el juzgado, como testigo, la exdirectora de Procesos Asistenciales del complejo hospitalario de Santiago.

En el momento álgido de las protestas protagonizadas por este colectivo, a comienzos de 2015, los enfermos revelaron los nombres de los miembros de la subcomisión de hepatitis C, tras ofrecer un plazo de 48 horas a la Consellería de Sanidade para que hiciese pública su composición.

NOMBRES

Según la información que aportó en su momento la plataforma, la subcomisión estaba formada por el en su momento director xeral de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Félix Ruibal; la subdirectora xeral de Farmacia del Sergas, Carolina González Criado; el jefe del Servicio Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Juan Turnes; Ignacio Martín Granizo, un médico del Servicio Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi); Santiago Tomé Martínez, otro médico del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus) y miembro de la unidad de Patología y Trasplante Hepático de Galicia.

Y también integraban esta subcomisión, según el colectivo denunciante, Francisco Suárez López, médico del Servicio Digestivo del Chuac; Ángeles Castro Iglesias, una profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña y médico especialista en enfermedades infecciosas; Luis Margusino, farmacéutico hospitalario del Chuac; y José Antonio Valcárcel Nogueira, del servicio de Calidad y Seguridad en medicamentos y productos sanitarios, del servicio general de Farmacia y de la dirección xeral de Asistencia Sanitaria.

CAMBIOS EN LA SITUACIÓN PROCESAL

Preguntado este viernes, en la comparecencia ante los medios de comunicación, Quique Costas ha señalado que "está por ver" si de las nuevas diligencias requeridas por el magistrado se derivan nuevas imputaciones en calidad de investigados, o la reclamación de las mismas.

Al respecto, ha constatado que "va a depender de las comparecencias de los testigos", y ha opinado que los procedimientos abiertos son "modificables", por lo que "pueden cambiar las situaciones procesales" de los ahora investigados, o "entrar nuevas personas" a ser investigadas por el juez.

Así las cosas, el portavoz de esta plataforma ha aseverado que "frente a la contundencia de los hechos" que se investigan --relativos a seis fallecimientos-- se contrapone la "debilidad" de los argumentos de los dos altos cargos. "Los dirigentes del Sergas, cada vez que hacen de pitonisos, las cosas les funcionan muy mal", ha añadido, en alusión a un eventual archivo de la causa.

SITUACIÓN DE LOS PRESOS

Por otra parte, la plataforma gallega de afectados por hepatitis C ha mostrado su "sorpresa" ante los datos que hizo públicos el Sergas y que sitúan en 72 los pacientes presos tratados en la comunidad gallega.

Según los datos aportados por el propio Gobierno --en una respuesta dirigida a una senadora--, a fecha de este enero, eran 12 los enfermos reclusos que estaban siendo tratados: cuatro en el centro penitenciario de A Lama y ocho en Teixeiro --ninguno en Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar--.

Todavía de acuerdo con estos datos gubernamentales, Costas ha denunciado la alta prevalencia de la enfermedad en las cárceles gallegas, del 19,4% --con 661 enfermos de 3.403 reclusos--, "cinco puntos por encima de la media" de los centros españoles. La de Teixeiro, es más, con un 24,2% de prevalencia, se alza con el récord de todo el estado, 10 puntos por encima de la media.

En el "furgón de cola" se ubica la comunidad, a su juicio, por una "decisión política" de la Xunta, a la que ha acusado de no costear el tratamiento para "no tener que esperar" que el Ministerio del Interior le abone esos gastos y así "cuadrar las cuentas". "Son razones presupuestarias, y no económicas", ha sentenciado.

Ante este escenario "grave", la plataforma, en una reunión este mismo lunes en Madrid, trasladó al comité de seguimiento del plan estratégico puesto en marcha por el Ejecutivo central la necesidad de buscar "una solución urgente en las cárceles", ante la "disfuncionalidad" detectada en Galicia.

En este encuentro, según ha revelado, la representante de la sociedad médica del sida, Ángeles Castro, del complejo hospitalario de A Coruña, denunció "restricciones para prescribir" los tratamientos.