​La UCO cree que González blanqueó dinero a través de su padre, de 90 años

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Canalisabel


La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.


Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de 2004.


Desde que estallara la 'operación Lezo' en la que se detuvo a Ignacio González, el padre de éste se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el entramado con el que supuestamente se lucraron el expresidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de la familia también detenidos o señalados por los investigadores.


25 MILLONES MALVERSADOS


La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El mecanismo malversador habría consistido, según el juez del caso, Eloy Velasco, en una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".


Así se señala en el auto por el que el juez Velasco decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.


Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.


La operación, según destaca el magistrado en su auto, ascendió a 31 millones de dólares que, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, ascendía a 10,27 millones de euros "descendiendo hasta 5 millones de euros en tan sólo dos años".


SOCIEDADES INSTRUMENTALES Y COMISIONES PROHIBIDAS


Velasco enmarca el relato general por esta operación en concreto en las sospechas de que Emissao estaría intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares no conocían "pero que operaban en países terceros de escasa opacidad" en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas y careciendo de informes técnicos.


De este modo, el dinero público habría pasado a cuentas bancarias en terceros países "con opacidad" respecto de los titulares reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas".

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