La remunicipalización ideológica puede toparse de frente con la Justicia

Los servicios son públicos con independencia de quien los preste.

Las remunicipalizaciones de servicios públicos que se están llevando a cabo "por ideología" en los autodenominados 'ayuntamientos del cambio' pueden desembocar en "procedimientos judiciales que declaren nulas" estas decisiones y acabar costando "más dinero a los ciudadanos".

Lo ha dicho este miércoles el jurista Jesús Sánchez Lambás en la presentación en Santiago del libro 'Remunicipalización. ¿Ciudades sin futuro?', que firma junto al catedrático Ramón Tamames, el consultor internacional Ramiro Aurín, el exministro socialista Valeriano Gómez y el economista Lorenzo Dávila.

En compañía de los dos últimos ha visitado Sánchez Lambás la capital gallega para exponer su trabajo, que analiza este tipo de decisiones desde el punto de vista económico y financiero.

Durante su intervención, ha puntualizado que la ley estipula que los ayuntamientos sólo pueden recuperar la prestación directa de los servicios tras justificar que lo harán con mayor eficiencia, ante la ausencia de una empresa que se haga cargo del contrato o si existen "irregularidades" en su desarrollo.

Sin embargo, ha criticado el experto, estas decisiones tomadas en ayuntamientos gobernados por las "coaliciones de Podemos" únicamente se fundamentan "en parámetros ideológicos".

CONTROL E INSPECCIÓN

Frente a ello, ha recordado que la labor que "es propia" de los municipios es "el control, la vigilancia y la inspección" de la calidad con la que se presta el servicio. "En vez de salir con el camión de la basura, hay que vigilar que salga", ha ejemplificado, antes de cuestionar que la administración deba "competir" con el sector privado.

En este punto, ha planteado que tal vez "hace falta" un regulador --como el que ya existe en el sector energético, entre otros-- para la gestión de los servicios públicos, que suponen "un 30 por ciento del PIB". Así, en vez de que cada ayuntamiento sea autónomo para supervisar sus servicios, podría haber "un regulador general", ha reflexionado.

FÓRMULA PÚBLICO-PRIVADA

Y, tras recalcar la "naturaleza pública" de los servicios con independencia de quien los preste, ha subrayado que de la gestión debe encargarse "quien sea más eficiente". En este punto, ha defendido como "la solución con más éxito" la colaboración público-privada a través, por ejemplo, de sociedades mixtas.

"Hay magníficos ejemplos de servicios públicos desempeñados desde lo público, pero también de buena gestión privada, concertada o mixta", ha corroborado Valeriano Gómez, quien también ha puesto el foco en la importancia del "control" de la prestación del servicio por parte de la administración.

DUDAS SOBRE EL EMPLEO

Quien fuera ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero ha abordado también la situación laboral de los trabajadores de las contratas para advertir de que "la realidad legal" impide que puedan ser incorporados a las plantillas públicas sin que medie un concurso, salvo que exista una sentencia judicial que así lo ordene.

De lo contrario, como ha apostillado Sánchez Lambás, podría utilizarse esta vía como "puerta trasera" para acceder a la administración.

¿BENEFICIO ECONÓMICO?

Con la vista puesta en el ámbito económico, el jurista también ha puesto en duda la "idea neomarxista" de que el ayuntamiento obtendrá el beneficio de la empresa si decide gestionar el servicio subcontratado de forma directa.

En este aspecto ha profundizado Lorenzo Dávila, quien ha señalado que las compañías que asumen los servicios ya tienen "un know-how" y consiguen ahorros por escala.

No es lo mismo, ha planteado, comprar 10 camiones de basura que 100, ni disponer de un centro de atención al cliente en cada municipio o de uno centralizado para toda España.

Así es que el abogado y economista ha razonado que en grandes conurbaciones o áreas metropolitanas sí podría aprovecharse la casuística para diseñar un cambio de modelo, pero no así en ciudades pequeñas como Santiago.

DEBATES CON "INFORMACIÓN"

En todo caso, ha desechado "análisis naíf" y ha apelado a establecer "debates" en profundidad antes de tomar decisiones; mientras Valeriano Gómez ha requerido "transparencia" e "información" sobre los costes, las repercusiones laborales y los procesos técnicos.

Aquí ha hecho votos por que el "descontento" de la ciudadanía ante "importantes casos de corrupción" relacionados con la gestión de servicios públicos "no perturbe el debate". "Esos episodios deben ser juzgados, pero no deben hacer perder de vista el sentido fundamental de los servicios públicos", ha sostenido.

MAPA DE SERVICIOS

Finalmente, el exministro ha señalado que la remunicipalización de servicios no está teniendo "una gran trascendencia" en el conjunto de España y ha augurado que "no se extenderá".

En la actualidad, como ha precisado, la "inmensa mayoría" de los servicios de recogida de basura son privados; al igual que el 70 por ciento de los servicios de limpieza y el 60 por ciento de los de parques y jardines. Más repartida está el agua: un tercio de su gestión es privada, un tercio es pública y el otro tercio es mixta.