Cientos de puestos en el Ayuntamiento de A Coruña en vilo tras abrirse diligencias por prevaricación administrativa

Hace años que el sindicato CIG lleva denunciando el abuso de los nombramientos a dedo para ciertos puestos para determinados funcionarios municipales. Hoy la central se ha apuntando un relevante tanto, al abrirse la vía penal.


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Rueda de prensa de la CIG coruu00f1a en una imagen de archivo
Rueda de prensa de la CIG coruu00f1a en una imagen de archivo

La CIG ha confirmado la apertura de diligencias por parte de un juzgado de instrucción por un posible delito de prevaricación administrativa en las comisiones de servicio del Ayuntamiento de A Coruña. Desde la oposición, el PP ha reaccionado pidiendo la convocatoria de la comisión de Transparencia. 

 

El problema no viene de ahora, es un conflicto de años, pero principal partido de la oposición asegura que el actual gobierno de Inés Rey triplicó las comisiones de servicio. En la primavera de 2022, la justicia ya anuló varias comisiones de servicio, por lo menos cuagtro, tras denuncias del sindicato nacionalista.  Los jueces razonaron que el Ayuntamiento debería habere conovcado un concurso de méritos o que adjudicó las comisiones sin la justificación imprescindible.

Por ahora no se sabe qué cargos serán llamados a declarar como investigados. La CIG ha convocado una comparecencia ante los medios de comunicación este jueves después de que la central sindical presentase denuncia ante Fiscalía el pasado mes de mayo. Este verano denunció publicamente la supuesta persecución que ejercería el concejal Lage Tuñas sobre su delegada sindical. 

La CIG denunció la provisión de puestos en el Ayuntamiento de A Coruña y presentó escrito ante el Ministerio Público para que se investigase "toda una serie de actuaciones hechas por el gobierno municipal".

Para ello, entregó al fiscal jefe de A Coruña un dossier con "toda una serie de situaciones" que califica de "irregulares" en los nombramientos y motivaciones de las comisiones de servicio.

Además, sostuvo que la decisión de acudir a la Fiscalía la adoptó tras denuncias en el contencioso-administrativo y reclamar al consistorio "de manera infructuosa el cumplimiento de la legalidad en materia de cobertura de puestos".



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