Marcos Maceira: "Considerar que no es necesario saber gallego en la administración estatal en Galicia, es discriminación lingüística"

-¿Qué valoración hace la Mesa pola Normalización Lingüística de la iniciativa en el Congreso para que la ciudadanía pueda utilizar el gallego, el catalán y el euskera en sus comunicaciones con la administración estatal?

La Mesa ofreció una rueda de prensa en el Congreso por la mañana y fuimos invitados a asistir al debate. La Mesa y otras entidades en defensa del catalán y el euskera presentaron una Proposición No de Ley (PNL) en 2021, algunos de cuyos puntos fueron aprobados por mayoría. Uno de ellos era garantizar los mismos derechos y deberes para todas las lenguas. Como resultado de esto, y de la actividad de las diferentes entidades ante el Consejo de Europa (CE), y de las solicitudes al Estado para modificar ciertas leyes que impiden el desarrollo de la Carta Europea de las Lenguas, finalmente, tenemos como resultado esta ley orgánica para garantizar los derechos lingüísticos. Se solicita la modificación de las leyes que impiden la oficialidad real de las lenguas de cada territorio, como leyes como el Estatuto del Empleado Público, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratos o la Ley Orgánica de Educación. La evaluación es positiva, ya que las lenguas con limitaciones en su uso no pueden ser plenamente oficiales en sus territorios. Todo esto puede mejorarse durante el proceso, pero como primer paso es importante. En lo que respecta al gallego y a Galicia, se abordan cuestiones acordadas por unanimidad para el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Por esta misma razón, resulta inexplicable que una diputada gallega del PP votara en contra de esta ley, una diputada que participó en la elaboración del Plan Xeral de Protección da Lingua Galega, y que esta diputada muestre descaradamente la actitud del PP contraria a la propia existencia de las lenguas.

 

—¿Cómo prevé la reacción de algunas organizaciones al recibir documentos íntegramente en gallego, algunas de ellas refractarias a iniciativas como estas?

Es inadmisible en el caso gallego que menos del 1% de los procedimientos judiciales se realicen en gallego. Esto a pesar de que hay muchos más procedimientos que se presentan inicialmente en esta lengua. Sabemos que el 20% de los procesos iniciados en los juzgados de lo Social se inician en gallego y exigen que continúen en nuestra lengua, pero solo el 1% consigue que todo el procedimiento se tramite en gallego. Esto se debe a que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice exactamente lo contrario de lo que refleja la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias, un tratado internacional que debería estar por encima de esta ley orgánica. Este documento europeo establece que el procedimiento judicial debe desarrollarse en la lengua minoritaria a petición de una de las partes, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será la voluntad del juez. Esto debería cambiar con el conocimiento del gallego por parte del personal judicial; además, todo lo que se hace en gallego tiene validez, si no hay conocimiento del gallego entre los funcionarios judiciales se dificultará el desarrollo de nuestra lengua en la administración de justicia. Lo mismo ocurre con la Administración del Estado: si no es necesario saber gallego en la administración estatal, en Galicia nos enfrentamos a una discriminación lingüística que, precisamente, queríamos corregir ahora.

 

- Antes se refería a una diputada gallega que votó en contra de esta iniciativa. ¿No es extraño que diputados del PP voten en contra de propuestas como esta?

Resulta algo contradictorio, ya que muchos de los puntos de la iniciativa figuraban en el Plan Xeral de Protección da Lingua Galega de 2004. El Parlamento gallego se ha posicionado para aplicar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias Regionales con votos unánimes, pero es muy difícil aplicarla sin esta propuesta de Ley Orgánica; por lo tanto, el gallego o es oficial o no lo es. De no ser así, lo que tenemos es una oficialidad formal o declarativa del gallego. Esto tiene que hacerse realidad, utilizando el gallego con normalidad en todos los espacios. Esperamos que esta propuesta se apruebe lo antes posible.

 

-¿Cuál es la interpretación de la Mesa sobre el “uso político de las lenguas”?

No puede haber pluralidad lingüística en el Estado sin un reconocimiento absoluto de dicha pluralidad, estod incluye la legislación lingüística. Cuando presentamos la propuesta en 2021, solicitamos el fin de la discriminación de todo tipo, incluida la lingüística. Queremos dar igualdad de condiciones a todas las lenguas del Estado, en nuestro caso el gallego, que tiene un problema de oferta que no se corresponde con el porcentaje de hablantes que tenemos: un 0,04% de presencia del gallego en RTVE, un porcentaje inferior al 1% de uso del gallego en la justicia, que la mayoría de las páginas web del Estado no vayan más allá del uso del gallego de nivel uno, el uso de traductores automáticos o los problemas con el uso del gallego en la contratación pública; todos estos son aspectos que impiden el uso de nuestra lengua en todos los contextos. Si queremos reconocer esta realidad diversa en el ámbito lingüístico, debemos avanzar en el ámbito legislativo, para que las personas que quieran hablar y vivir en gallego tengan el mismo derecho y la misma capacidad de usar nuestra lengua que ya tienen en otros territorios. Exigimos que no haya discriminación por el uso de la lengua, que era el primer punto del plan de 2004. Entre los partidos que votaron a favor del proyecto de ley, hay algunos puntos mínimos de acuerdo. Desde una perspectiva democrática y de reconocimiento de la pluralidad lingüística, no cabe ninguna postura que no sea favorable a la resolución del proyecto de ley. No se solicita nada, ni más ni menos de lo solicitado para el español.

 

—Hablaba de las páginas web del Estado, pero las páginas web de la administración autonómica, cuando se abren, están mayoritariamente en español.

Hay un problema que no existía antes de la llegada del PP a la Xunta: el español aparece en todos los dispositivos y páginas web, y también depende de la configuración del ordenador. Si bien el español estaba presente en espacios donde antes estaba presente el gallego, ahora hay un retroceso en la administración de la Xunta por no promocionar el gallego ni siquiera en sus propias páginas web. La Xunta tiene la obligación de promocionar el gallego, pero vemos que no es así. Quizás por eso les preocupa una ley orgánica que les recuerde sus obligaciones.