Una base de la Guerra Fría o la última ballenera de Europa: Galicia cataloga más de 2.000 joyas ocultas en su costa

Los 2.500 kilómetros de costa gallega esconden un patrimonio que va mucho más allá de los castros y los faros. La Xunta acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, un documento que reconoce oficialmente 2.003 elementos diseminados por el litoral de las tres provincias costeras. El inventario, aprobado por el Consello a finales de marzo, es el resultado de un proceso que arrancó con apenas 459 bienes en 2019 y que, tras un trabajo de campo en los 86 municipios costeros gallegos y más de 160 alegaciones ciudadanas, ha crecido hasta convertirse en la herramienta de gestión del patrimonio marítimo más ambiciosa que ha tenido la comunidad.

Por provincias, A Coruña concentra la mayor riqueza documentada, con 988 elementos, seguida de Pontevedra con 835 y Lugo con 180. En cuanto a tipologías, predominan los bienes arquitectónicos (855), por delante de los arqueológicos (584), los etnográficos (366), los industriales (186) y los artísticos (12). Cada uno de ellos está georreferenciado y acompañado de fichas con imágenes y documentación técnica que permiten su gestión futura.

MÁS ALLÁ DE LOS FAROS

El catálogo pone de manifiesto que la memoria industrial de Galicia tiene mucho mar por delante. Entre los elementos más llamativos figura la factoría de Caneliñas, en Cee, identificada como la última instalación ballenera en funcionamiento de toda Europa, activa entre 1924 y 1985 y especializada en la exportación de carne de ballena a Japón. Su ficha recoge un estado avanzado de deterioro estructural, aunque mantiene intacta su lectura volumétrica original. También el complejo industrial de Massó, en Cangas, aparece con cuatro fichas diferenciadas que documentan desde la primera nave conservera hasta la antigua ballenera fundada en 1955.

No menos singular resulta la presencia en el catálogo de una antigua base militar norteamericana: la estación de Loran, en Estaca de Bares, construida en pleno franquismo en 1960 fruto de un acuerdo entre España y Estados Unidos, operativa desde 1961 y clausurada en 1991. El abandono y el vandalismo la han dejado en ruinas, pero la Xunta la considera un testimonio relevante de la Guerra Fría en suelo gallego.

El litoral también esconde bajo el agua parte de su historia. Solo en el municipio de Cangas hay seis pecios catalogados como yacimientos subacuáticos, una figura que reconoce legalmente los restos de naufragios como parte del patrimonio a proteger. Baterías militares en Viveiro o Cedeira, hórreos, puentes centenarios, monasterios y molinos completan una imagen de la costa gallega que dista mucho del tópico de los chiringuitos y las playas.

UNA SEGUNDA VIDA PARA MÁS DE MIL EDIFICIOS

La gran novedad del catálogo no es solo el reconocimiento de estos bienes, sino las posibilidades que abre para su futuro. Más de la mitad del total, concretamente 1.041 elementos de categoría arquitectónica e industrial, podrán ser objeto de proyectos de revitalización que les otorguen un uso distinto al original, siempre que se preserven los valores que motivaron su catalogación. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió en su momento que esta vía permitiría "dar una nueva vida" a espacios hoy en desuso.

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, confirmó a Europa Press que ya existe "interés" en impulsar proyectos concretos de revitalización. Uno de los más avanzados es la transformación del monasterio de Oia en un hotel de lujo, un edificio con una historia que va del Císter a campo de concentración franquista. El catálogo también abre oportunidades para que los ayuntamientos actualicen su planeamiento urbanístico incorporando estos bienes con su régimen específico de protección.

EFECTOS JURÍDICOS Y BLINDAJE NORMATIVO

La inclusión en el catálogo no es simbólica: tiene consecuencias jurídicas inmediatas. Cualquier intervención sobre estos bienes deberá regirse por la normativa de patrimonio cultural con carácter preferente sobre la legislación de costas, lo que supone un blindaje adicional frente a posibles presiones urbanísticas. Los ayuntamientos donde se localicen tendrán la obligación de incorporarlos a su planeamiento y definir las condiciones específicas de conservación y uso.

El proceso no ha estado exento de polémica. El catálogo se enmarca en la controvertida Lei do Litoral de Galicia, aprobada en solitario por el PPdeG en el Parlamento gallego, y cuyo futuro legal sigue pendiente de una resolución definitiva del Tribunal Constitucional. Ni el BNG ni el PSdeG-PSOE se han pronunciado públicamente sobre este catálogo concreto tras su publicación en el DOG. La ciudadanía, en cambio, sí mostró interés durante el período de alegaciones: el 66% de las 161 alegaciones recibidas proponían incluir nuevos elementos, lo que refleja una demanda social de ampliar aún más la protección del litoral gallego.