¿Puede la Xunta personarse en juicios por episodios de violencia en el deporte? El Gobierno cree que no

El Gobierno central ha activado un conflicto institucional con la Xunta de Galicia por la reforma de la Ley del Deporte autonómica, que autoriza a la Administración gallega a personarse en procesos judiciales relacionados con episodios de violencia en el ámbito deportivo. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, confirmó este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado la apertura de una comisión bilateral para analizar la constitucionalidad de la norma.

CONFLICTO

El cambio, publicado en el Diario Oficial de Galicia en diciembre, introduce además nuevas medidas de buen gobierno en las federaciones, limitando la duración de los mandatos y exigiendo más transparencia. La Xunta considera que estas reformas fortalecen la protección de deportistas y familias, especialmente tras los graves incidentes que han golpeado al deporte base gallego en los últimos años.

Calvo recordó que la Administración gallega ya tiene capacidad de personarse en causas judiciales vinculadas a la violencia de género sin que el Gobierno central lo haya impugnado, por lo que ve “injustificado” el cuestionamiento actual. Además, lamentó que este nuevo enfrentamiento se sume a los litigios abiertos por la ley del litoral, las normas de dependencia y el marco regulador de la energía eólica. “Todo parece indicar que Galicia se ha convertido en un objetivo político de Pedro Sánchez”, reprochó el conselleiro en declaraciones recogidas por varios medios gallegos.

Desde la Xunta sostienen que la norma busca evitar que tragedias como la ocurrida en 2024 en un partido de balonmano en Vilalonga —cuando un espectador de 68 años falleció tras una agresión— queden sin una respuesta institucional firme. Esa agresión motivó la inclusión de los artículos que ahora están bajo revisión, según explican fuentes de la Consellería.

"LO LÓGICO ES ESPERAR"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, instó a rebajar el tono. En un acto en A Coruña, pidió “no anticiparse” y defendió que el Ejecutivo central “siempre tiende la mano”. “Lo lógico es esperar a la reunión y valorar los resultados antes de lanzar reproches”, apuntó, subrayando que la comisión bilateral aún no tiene fecha.

Esta comisión es el mecanismo habitual contemplado por la Constitución para resolver discrepancias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, antes de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. En los últimos meses, el Gobierno ha utilizado esta vía en conflictos similares con varias autonomías, entre ellas Cataluña y Aragón, lo que refleja una mayor sensibilidad en la Moncloa hacia la uniformidad normativa en materias compartidas.