ELA, CIG e Intersindical se manifestarán en Euskadi, Navarra, Galicia y Cataluña en contra de la reforma de pensiones

Los tres sindicatos denuncian que el texto supone recortes en derechos y piden a los partidos políticos que se opongan a la reforma

Los sindicatos ELA (Euskadi), CIG (Galicia) e Intersindical (Cataluña) han convocado manifestaciones conjuntas en sus respectivas comunidades autónomas, entre el 29 de marzo y el 20 de abril, para mostrar su rechazo a la reforma de las pensiones y denunciar que supone un recorte de derechos sociales.

Los secretarios generales de las tres centrales sindicales, Mitxel Lakuntza (ELA), Paulo Carril (CIG) y Sergi Pallarés (Intersindical) han anunciado estas movilizaciones conjuntas en una rueda de prensa telemática, en la que también han exigido a los partidos políticos de sus respectivos ámbitos que rechacen estos recortes y no den por buena una reforma que no incluya la jubilación a los 65 años, que se tengan en cuenta 15 años para calcular la pensión y la aprobación "inmediata" de una pensión mínima de 1.260 euros, importe equivalente aproximado al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea.

Los tres sindicatos han consensuado un comunicado conjunto que recoge siete puntos en torno a esta lectura crítica de la reforma de pensiones, aprobada por el gobierno español por Real Decreto Ley.

En primer lugar, la rechazan por "consolidar los recortes de 2011 y dar nuevos pasos en esa misma dirección". Además, desde su punto de vista, "sí contiene recortes y pretende construir un discurso hegemónico" al afirmarse, en primer lugar, que no contiene recortes, algo que ellos consideran "falso".

Desde su lectura, se recortan las pensiones que van a cobrar los trabajadores menores de 50 años, al pasar de calcularse la cuantía de las nuevas pensiones con los últimos 25 años a hacerlo con 29 (eliminando 24 meses), tras un periodo transitorio.

Tal y como ha defendido Lakuntza, "negar este recorte es faltar a la verdad" porque, ha proseguido, hay que tener en cuenta que esta medida supone "profundizar en un proceso de aumento progresivo del número de años que se tienen en cuenta, en el que los 29 años no es el escenario final, al igual que no lo son los 25 actuales ni los 15 que existían en 2011 o los 8 anteriores".

RECORTES A CORTO PLAZO
En segundo lugar, las tres centrales sindicales entienden que la reforma "abre la vía a recortes en el corto plazo", algo que va ligado a otra de las "grandes mentiras" difundidas, en el sentido de que se va a garantizar el sistema a largo plazo.

Sin embargo, han criticado, la realidad es que lo acordado muestra que en marzo de 2025, y luego cada 3 años, se da la potestad a la Airef, "agencia neoliberal" que presidió en su día el propio Ministro José Luis Escrivá, para "valorar la situación del sistema de pensiones y plantear más medidas que, sin duda, van a ser la base de recortes futuros".

A continuación ha tomado la palabra Paulo Carril, quien ha criticado que esta reforma no da marcha atrás con ninguna de las medidas que se aprobaron en su día en la reforma de 2011 que llevó a cabo Zapatero con el visto bueno de CEOE, UGT y CC OO.

En aquel acuerdo, ha recordado el secretario general de CIG, se apostó por un "fuerte recorte de las pensiones" al pasar la edad de jubilación de 65 a 67 años; tenerse en cuenta 25 años para el cálculo de la pensión en lugar de 15 y hacer lo posible por perjudicar las jubilaciones anticipadas.

A juicio de Carril, "a un gobierno progresista se le debe exigir dar marcha atrás en los recortes de derechos aprobados por gobiernos anteriores pero, en cambio, nada de eso se plantea en esta reforma" donde "la edad de jubilación no se toca y la anticipada se empeoró en la reforma de 2021". Además, ha remarcado, "no solo no se vuelve de 25 a 15 años para calcular la pensión, sino que se pasa de 25 a 29 años".

UMBRAL DE POBREZA
Dentro de su lectura crítica compartida, el líder sindical gallego ha explicado que en esta reforma, las pensiones mínimas siguen estando por debajo del umbral de la pobreza, algo que no se explica porque "la propaganda está sustituyendo a la realidad" en este aspecto.

Si bien "es cierto" ha explicado, que se ha acordado una mejora progresiva durante cuatro años, "es evidente que esta mejora es muy pequeña, y que apenas se va a notar en estos cuatro años", ha subrayado Carril.

Además, aunque han marcado en los medios de comunicación la referencia de los 1.200 euros, "se falta absolutamente a la verdad, ya que muchas pensiones mínimas estarían, de aplicarse los criterios acordados para 2027, por debajo de los 900 euros, e incluso por debajo de los 800" ha estimado.

Otro de sus aspectos regresivos es que, con esta reforma, "se perpetúa" la actual brecha de género y las medidas incluidas para reducir la diferencia existente entre las pensiones de mujeres y hombres son "apenas imperceptibles".

En este punto, ha intervenido el secretario general de Intersindical, Sergio Perelló, quien ha apuntado al papel jugado por la UE en la reforma.

Tal y como ha explicado, esta reforma laboral está "tutelada" por la Comisión Europea, "órgano no elegido democráticamente" que ha avalado la reforma del sistema de pensiones tras haberla fijado como condición previa para que España recibiera el tercer desembolso de 9.000 millones de euros en concepto de subvenciones vinculadas al fondo Next Generation para el trienio 2021-2023.

Perelló ha criticado asimismo que la reforma del sistema público de pensiones "no deriva de un debate democrático abierto a todos los agentes sociales" sino que se aprueba a través de un decreto ley y es fruto de "la extorsión del órgano de gobierno de la Unión Europea".

Finalmente, los tres sindicatos califican de "regresiva la reforma porque "profundiza en la privatización del sistema público y se enmarca en un planteamiento en el que se están impulsando los planes privados de pensiones, que consisten en la promoción, mediante la negociación colectiva, de planes de pensiones privados en cada sector, gestionados por entidades financieras o aseguradoras, y que pretenden utilizarse para avanzar en la estatalización de la negociación colectiva.

En este punto, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha sido cuestionado acerca de su visión sobre la propuesta de reforma fiscal que estudia Euskadi para el tratamiento de estos planes a nivel del País Vasco, de cara a promover mayores incentivos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, favoreciendo el cobro en forma de renta.

Lakuntza ha asegurado que lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de dos cuestiones distintas, por un lado lo que busca el modelo español, "antagónico" del vasco, ha afirmado, y, por otro, la posibilidad de una reforma fiscal en el tratamiento de estos planes a nivel de Euskadi, algo que ha asegurado "no lo veríamos mal".

Lo que hay que denunciar, ha proseguido, es que "la reforma del Gobierno de España tiene como objetivo que las entidades financieras acaben haciendo negocio con estos planes", para seguir "profundizando" en la estatalización de la negociación colectiva.

Para llevarlo a cabo, apuestan por hacerlo mediante los convenios estatales y que sean los que lo gestionen a nivel español; de ahí, ha remarcado "el riesgo que vemos, que es que haya una invasión por parte de ese modelo al que existe en Euskadi".

AGENDA DE MOVILIZACIONES
La agenda de movilizaciones arranca el día 29 de marzo en Galicia, con concentraciones en las principales ciudades gallegas --A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Ferrol y Vigo-- y continuarán el 30 de marzo con una concentración en Barcelona a mediodía ante la sede central del SEPE en la capital catalana.

Tomarán el relevo en abril Euskadi y Navarra, con sendas manifestaciones en Bilbao, el 4, y en Pamplona el día 20, todas ellas por unas pensiones "dignas".