"Unos 15.000 ganaderos gallegos aún pueden reclamar al cártel de la leche"

Pascual, Puleva, Danone, Nestlé, etc. están entre las condenadas. Estamos hablando de algunos de los nombres más importantes de la industria alimentaria en España, en algunos casos en todo el mundo. ¿Ha sido esta batalla una pelea jurídica entre David contra Goliath? 

Efectivamente estamos hablando de grandes compañías con ingentes recursos económicos que han confiado su defensa a los mejores despachos de abogados de España. Si bien, en esta ocasión precisamente Eskariam, junto con su partner Hausfeld, ha ofrecido a los ganaderos un equipo altamente especializado en este tipo de litigios, bajo la dirección de Hitchings & CO., y junto con Compass Lexecon como peritos, fuimos el único despacho que defendió a los ganaderos frente a las grandes industrias lácteas.

¿Por qué?

Porque ofrecemos servicios asumiendo la totalidad de los costes, de forma que el ganadero no desembolsa ni un céntimo hasta que se gane su demanda. Bajo un modelo tradicional de prestación de servicios hubiera sido inviable para los ganaderos.

Después de la sentencia, ¿qué pasos le recomendaría tomar a aquellos ganaderos que todavía no han reclamado la devolución de lo que se pagó de menos?

Una vez que la Audiencia Nacional ha confirmado el cártel, los ganaderos pueden reclamar el dinero que dejaron de cobrar por cada litro de leche vendido entre el año 2000 y 2013. Son ya más más de 7.000 ganaderos los que han confiado en Eskariam para su reclamación, ahora ven reforzada y más sólidas sus pretensiones gracias a la Audiencia Nacional. Además, los ganaderos que hasta ahora no hayan iniciado la reclamación, deben saber que están a tiempo de unirse si así lo desean, hasta septiembre de 2024.

Estos procedimientos son largos y pueden llegar a los 5 años, si bien también hay mecanismos para cobrar las cantidades que se reconozcan por sentencia de forma provisional

En un escenario pesimista, dado la burocracia que a menudo conllevan estos procesos jurídicos, ¿en qué plazos podrían esperar cobrar?

Ahora los ganaderos tienen que iniciar sus reclamaciones para recibir las cantidades que dejaron de cobrar por la leche vendida de 2000 a 2013, aproximadamente entre 3 y 4 céntimos por litro, más intereses. Efectivamente, estos procedimientos son largos y pueden llegar a los 5 años, si bien también hay mecanismos para cobrar las cantidades que se reconozcan por sentencia de forma provisional hasta que finaliza el procedimiento judicial que permite acortar estos plazos.

Es probable que las industrias condenadas apelen al Supremo, pero ¿tiene recorrido posible una apelación al Supremo en estos casos?

Es posible recurrir al Tribunal Supremo, si bien hay que tener en cuenta que no entrará a valorar la prueba, y por tanto el margen se reduce drásticamente. Por tanto, creemos que la probabilidad de que prosperen sus recursos es muy baja, al menos en lo que interesa al ganadero para poder reclamar.

Unións Agrarias, el sindicato con más representación en el campo gallego, estima unos 5.000 afectados en Galicia, ustedes hablan unos 7.000 en España. ¿Cuántos estiman ustedes que puede haber en la comunidad autónoma?

Estimamos que en Galicia todavía hay unos 15.000 ganaderos que no han iniciado los trámites para reclamar, muchos de los cuales creemos que lo harán antes de septiembre de 2024. Es importante entender que todo ganadero que haya vendido leche entre los años 2000 y 2013 puede reclamar, aunque no continue la actividad, se haya jubilado o haya fallecido quien vendió la leche. Además, se puede articular la reclamación frente a cualquiera de las lácteas cartelizadas.

Esto de reclamar a cualquiera de las señaladas, ¿qué quiere decir?

Por ejemplo, puedo reclamar a Lactalis la leche vendida a Danone o cualquier otra industria.

Hablemos de cantidades. Unións Agrarias estimó que cada granja puede recibir, de media unos 100.000 euros. Argumentan que durante el período investigado, se comercializaron en Galicia 29 millones de toneladas de leche, generando un pago de 9.000 millones de euros a un precio de 33 céntimos por litro. En juego, por lo tanto, pueden estar unos 900 millones de euros en devoluciones a repartir unos entre unos 5.000 ganaderos gallegos. ¿Son correctos, aproximadamente, estos números y el cálculo resultante de UU.AA.?

Si,me parece cifras estimativas dentro de las cuantías que estamos manejando nosotros. En definitiva, dependerá del volumen de leche vendida por cada ganadero, pero la referencia me parece una buena aproximación. Hay que tener en cuenta que la partida de intereses generados durante tantos años tiene un peso muy elevado, casi la mitad de la cuantía reclamable.

La ley de la cadena alimentaria no evita per se este tipo de conductas anticompetitivas.

La sentencia es condenatoria debido al intercambio de información, a nivel nacional y autonómico, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. ¿Compartir este tipo de información con los competidores implica siempre una vulneración de las normas de la competencia o lo sucedido solo es aplicable específicamente al sector lechero?

Hay que analizar cada caso, pero en el mercado de aprovisionamiento de leche intercambiar este tipo de información por parte de las principales industrias lácteas ( Lactalis, Danone, Nestlé, Puleva, Capsa, Pascual, entre otros), con la finalidad de controlarlo y así poder comprar la leche a precios más bajos, es una conducta ilícita de carácter muy grave.

El Ministerio de Agricultura opina que, gracias a la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada hace unos años, en la actualidad es imposible que se produzcan estos pactos de precios al margen de la competencia. Los ganaderos no opinan igual, argumentando que la Ley no está bien desarrollada en sus correspondientes reglamentos. De hecho, ese desarrollo es una de las reivindicaciones de las actuales tractoradas. ¿Quién tiene razón en este debate?

La ley tiene un elemento muy complejo de determinar, el cálculo de los costes para cada explotación. Pero independientemente de las dificultades de aplicación de forma efectiva, las industrias compradoras de leche podrían articular vías para pactar precios de compra o intercambiar información, como hicieron en el cártel sancionado y ratificado por la Audiencia Nacional, se trata de pactos secretos que son muy difíciles de detectar. Con esto no quiero decir que se esté produciendo, dado que no contamos con las pruebas suficientes que así lo demuestren, pero la ley de la cadena no evita per se este tipo de conductas anticompetitivas.