Los jueces gallegos traban 17 parques en una semana, ahora los de Ventumelo  (Green Capital Power) y Troitomil (ENI)

Los parques eólicos que los jueces gallegos han paralizado desde que el Tribunal Supremo  tumbase algunos de los criterios por los que habían parado otros parques se aproximan ya  a la veintena. Hoy mismo se acaba de conocer la paralización de los de Ventumelo y Troitomil. Se acumulan por lo tanto las malas noticias para el sector eólico, que esperaba que después de la sentencia del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no tuviese tantos argumentos para decretar tantas paralizaciones cautelares. No está sucediendo así, más bien lo contrario. 


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El secretario xeral de Acouga y avogado, Xoán Antón Pérez Lema y el presidente Manuel Pérez Arias en una imagen de archivo
El secretario xeral de Acouga y avogado, Xoán Antón Pérez Lema y el presidente Manuel Pérez Arias en una imagen de archivo


 

La situación jurídica para el bando pro-eólicas ha empeorado al reaccionar a los jueces gallegos a las correcciones dictadas por el Superior pidiendo a la justicia europea aclare criterios, algo que puede tardar fácilmente más de un año y medio.  Un periodo en el que docenas de parques eólicos quedarán en un limbo administrativo,  algo que ha llamado a la patronal eólica advertir de una masiva desinversión en el sector del viento gallego por miedo a la inseguridad jurídica.

 

 

 

 


Las empresas afectadas por las nuevas paralizaciones conocidas hoy son Green Capital Power, que promueve el parque eólico de Troitomil en A Baña e Negreira, y Wind Hero S.L., que promueve el de Ventumelo situado entre Pobra de Trives, Ribas de Sil y  San Xoán de Río.

 

 

 

 


Green Capital Power es una energética especializada en renovables propiedad del abogado madrileño Jesús Martín. Wind Hero S.L tiene vínculos con la italiana ENI, una de las principales compañías energéticas y petroleras de Europa. 

 

 

 

UNA PARALIZACIÓN DENEGADA DE 18 SOLICITADAS

Desde los recurrentes, la asociación de consumidores ACOUGA, explican que con estas dos nuevas suspensiones cautelares, el TSXG ha emitido un total de 17 autos en la última semana, habiendo rechazado solo una solicitud similar en otro pleito.


El abogado y secretario general de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), el coruñés Xoán Antón Pérez-Lema, quien presentó el recurso en nombre de los vecinos afectados contra la decisión de la Xunta, ha destacado que estas resoluciones "respetan claramente la esencia de una medida cautelar: evitar el peligro de que un retraso procesal cause daños paisajísticos, ambientales, patrimoniales e incluso económicos de difícil reparación".

 

Pérez Lema interpreta que los autos explican que en ambos casos hay "varios parques eólicos en las inmediaciones" de los proyectos propuestos, por lo que el Tribunal no puede dar por completamente veraces las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ni los informes que las respaldan. Esto se debe a la incertidumbre sobre si la DIA refleja con precisión el entorno, o si está condicionada por la fragmentación artificial del parque, que es uno de los motivos de impugnación.


El tribunal también destaca la primacía de los principios de precaución, prevención y cautela en materia ambiental, así como la preponderancia que tienen sobre la captación y transporte de energía eléctrica, a menos que se demuestre el interés general que tiene la ejecución y funcionamiento del parque eólico analizado en cada caso específico.
 

En cuanto al impacto sobre el patrimonio natural e histórico, se señala que el proyecto Ventumelo afecta a espacios de la Red Natura 2000, así como a especies de flora y fauna vulnerables o en peligro de extinción, además de causar daños irreversibles en el patrimonio histórico. Por otro lado, el proyecto Troitomil afecta a aves amenazadas, granjas bovinas de ganadería ecológica, acuíferos y al patrimonio arqueológico de la zona.


El TSXG considera que es preferible actuar con prudencia y evitar precipitaciones, sobre todo teniendo en cuenta, dicen los jueces, que la resolución del procedimiento no se retrasará excesivamente.




 

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