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Ancianos confinados en sus habitaciones en DomusVi Laraxe, A Coruña, denuncian trabajadoras en huelga
Las trabajadoras de residencias privadas y centros de día en A Coruña están protagonizando este martes la segunda de las cuatro jornadas de huelga convocadas por la CIG, en un pulso por mejorar unas condiciones laborales que califican de "denigrantes". Los paros, que se repetirán el 7 y 21 de mayo, coinciden con la convocatoria de una manifestación en Santiago el 26 de abril, donde exigirán un convenio que supere el salario mínimo interprofesional (SMI) y reduzca la carga asistencial.
El sindicato advierte que la supuesta manga ancha de la Xunta a la hora de supervisar los asilos está provocando un deterioro del servicio. Como ejemplo ponen a DomusVi Laraxe donde "as residentes teñen que permanecer confinados nas súas habitacións ou, no mellor dos casos, nas plantas nas que están ubicados", debido a que se estropeó el ascensor.
"Aquí non pasa nada, a Xunta segue a mirar para outro lado e non exerce o seu labor inspectora e permite estas prácticas empresariais vergoñentas"
"Aquí non pasa nada, a Xunta segue a mirar para outro lado e non exerce o seu labor inspectora e permite estas prácticas empresariais vergoñentas que mercantilizan e convirten aos coidados nun privilexio e están a converter ás residencias de maiores en fábricas de precariedade", se quejan las trabajadoras.
El conflicto se arrastra desde octubre, cuando se rompieron las negociaciones con la patronal. Las empleadas denuncian que el convenio vigente, firmado en 2023 por UGT y CCOO, no garantiza el SMI para las categorías más bajas, lo que se suma a jornadas extenuantes y ratios de atención "congeladas desde 1989".
Según la CIG, siete grandes empresas del sector -entre las que está DomusVi, el grupo que compró las residencias que construyeron las antiguas cajas de ahorros- obtuvieron 1.664 millones de euros en beneficios en 2024, mientras las plantillas soportan sobrecargas físicas y emocionales sin formación específica para atender a usuarios con patologías psiquiátricas.
La Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García ha reiterado la disposición del Gobierno gallego a "mediar a través de Emprego", aunque las trabajadoras de centros públicos también protestan: en la residencia de Ferrol, el Comité Intercentros denuncia que la Xunta incumple el 90% del acuerdo firmado en diciembre, especialmente en compensaciones y días libres.
Las protestas están provocando represalias por algunas empresas, según la versión sindical. CIG dice que en la residencia Mi Casa de Ferrolterra la dirección ha amonestado a empleadas que cumplieron con los servicios mínimos durante la primera huelga del 10 de abril, según la CIG. El sindicato denuncia "actitudes despóticas" y ha desplegado piquetes informativos frente al centro.
POLÉMICA POR LOS SERVICIOS MÍNIMOS
Mientras, la Xunta ha establecido ratios mínimos de personal que, según las huelguistas, obligan a trabajar a más empleados que en jornadas ordinarias.
La patronal mantiene su rechazo a revisar el convenio, según fuentes sindicales, lo que ha llevado a la CIG a advertir con una huelga indefinida si no hay avances. "Nos ofrecen migajas mientras facturan millones", se quejan las huelguistas.
La manifestación del 26 de abril en Santiago marcará el siguiente hito de unas reivindicaciones que ya han logrado seguimientos masivos, según los organizadores, pese a los "obstáculos institucionales".
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