Encierro de operarios en las oficinas de la UTE del acceso ferroviario al Puerto Exterior coruñés para exigir mejoras

Miembros del comité de empresa y del sindicato CIG se han encerrado este martes en las oficina de la UTE encargada de construir el acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña para exigir condiciones laborales dignas y mejoras de seguridad, entre otras cuestiones, y ante la falta de respuesta de la empresa.

Según ha informado la CIG, "después de meses reclamando mejoras" y ante la "inacción" de la empresa frente a una "agresión racista", los representantes del personal han decidido encerrarse como medida de protesta por la falta de soluciones "ante la multitud de problemas expuestos una y otra vez por el comité".

El sindicato ha explicado que, desde su constitución, el comité ha trasladado varias veces a la empresa los diversos problemas que han surgido en el desarrollo de los trabajos, tanto en materia de seguridad y salud, como en cuestiones de pago de salarios y retenciones, o adjudicación de vacaciones.

Sin embargo, denuncia, ninguna de las cuestiones ha sido atendida, por lo que "prácticamente se está convirtiendo en rutina llegar a la siguiente reunión con el mismo orden del día de la anterior".

Por otra parte, han trasladado su malestar por la negativa de la empresa a apartar, al menos cautelarmente, a un encargado de una subcontrata, supuestamente "responsable de una agresión racista" a un operario, y han lamentado que se hayan conformado con la apertura de un expediente.

"Todo esto está ocurriendo en una de las mayores obras públicas en el noroeste peninsular en las últimas décadas, con 140 millones de euros de fondos públicos, y bajo la supervisión de Adif y del Ministerio de Trabajo", ha recalcado la CIG, que ha advertido de que, si no se toman medidas, no se descartan otras actuaciones de "presión".

El comité demanda, además de apartar al supuesto autor de esa agresión, que se proceda al abono regular del salario pactado a todo el personal, "sin descuentos arbitrarios".

Asimismo, exigen que la empresa asuma los perjuicios causados por no haber aplicado correctamente la retenciones de IRPF de 2024, que se reconozca el derecho a 30 días anuales de vacaciones sin merma salarial, que se implementen mejoras de seguridad y protección colectiva, y que se retiren "todas las represalias contra el comité y el personal que reclama sus derechos".