10.000 pisos turísticos ilegales en Galicia, Moncloa exige a la Xunta abrirles expedientes

El Ministerio de Consumo pone el foco en Galicia, donde seis de cada diez viviendas de uso turístico (VUT) operan sin cumplir la normativa. Según los datos trasladados al Gobierno gallego desde el Ministerio en una carta desvelada esta noche en la SER, de las 15.740 VUTs anunciadas en plataformas digitales, 9.647 carecen de la licencia autonómica preceptiva.

El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que esta situación requiere medidas inmediatas, proponiendo tres líneas de acción: instar a los propietarios a retirar los anuncios, ordenar el cese de la actividad y abrir expedientes sancionadores a los infractores.

Competencias repartidas en un sector complejo

La regulación de las viviendas turísticas en Galicia es un puzzle de competencias. A nivel estatal, el Gobierno central establece directrices generales y supervisa el cumplimiento de normativas, como las relacionadas con la publicidad de alojamientos. 

Las comunidades autónomas, en este caso la Xunta, tienen la potestad exclusiva de regular el sector turístico, incluyendo la concesión de licencias para las VUT. Por su parte, los ayuntamientos pueden limitar estas actividades mediante ordenanzas municipales o planes urbanísticos, adaptando las restricciones a las necesidades locales.

En la práctica, esta distribución genera tensiones políticas. Mientras la Xunta gestiona el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), los ayuntamientos, como han hecho Santiago o Pontevedra, tienen capacidad de decretar ciertas restricciones y exigir licencias municipales específicas. Con todo, son minoría los municipios que han regulado las VUT y todavía menos los que han abierto expedientes a los propietarios que se saltan las regulaciones locales. 

El 84% de las VUT de Santiago son ilegales

El auge descontrolado de las VUT está teniendo un impacto directo en el encarecimiento de la vivienda en Galicia. La proliferación de estos alojamientos, especialmente en zonas turísticas como Pontevedra (4.500 VUT ilegales) y A Coruña (3.500), reduce la oferta de pisos para alquiler o compra residencial. 

Esto dispara los precios, dificultando el acceso a la vivienda para los gallegos, especialmente en áreas urbanas y costeras.

La presión sobre el mercado inmobiliario es evidente. En ciudades como Santiago, la conversión de viviendas tradicionales en turísticas ha generado protestas vecinales, que denuncian no solo el alza de precios, sino también molestias por el trasiego de turistas. La falta de control agrava el problema, ya que muchas VUT operan sin cumplir requisitos mínimos de seguridad o calidad. 

Según Bustinduy en la capital gallega, solo 66 de las 406 VUT en Santiago de Compostela anunciadas en plataformas como Airbnb y Booking cuentan con autorización municipal. Aproximadamente cumplen las normas el 16 por ciento. Bustinduy recordó que el Ministerio tiene abierto un expediente a una de estas plataformas por anunciar pisos turísticos sin licencia.