Pobreza infantil en Galicia: datos que no dejan de asustar

La pobreza infantil se ha convertido en un reto para las autoridades gallegas. Según informes de distintas ONG, alrededor de 93.000 niños y adolescentes gallegos viven en una situación complicada debido a la exclusión social y a la precariedad económica. Estamos hablando de que uno de cada cuatro menores gallegos están en riesgo de pobreza o exclusión social, un 25% si se mira fríamente. Y aunque los factores económicos actuales tienen mucho que ver con esta realidad, también se debe tener en cuenta que en la mayoría de las situaciones, la pobreza puede pasar de generación en generación sin que se vea una salida durante décadas. Es por eso que la creación de planes integrales tanto de inserción laboral, de apoyo a las familias, sobre todo aquellas monoparentales, y de mejoras en cuanto a movilidad social se puede combatir la pobreza entre la infancia y la adolescencia.

CAUSAS

El origen del fenómeno es multifactorial. Entre los motivos está el alza de los precios sobre todo en productos básicos, seguimos con la precarización laboral existente en la mayoría de sectores, salarios congelados y el encarecimiento de la vivienda. Todos estos factores juntos están dificultando cada vez más la vida de muchas familias gallegas. A pesar de que Galicia se sitúa por debajo de la media estatal en índices de exclusión, el 20% de su población -más de 550.000 personas- se encuentra en situación de exclusión social y dentro de este porcentaje los menores son el grupo más vulnerable.

EAPN-Galicia destaca el dato de que 115.000 familias monoparentales están en riesgo de pobreza severa, básicamente, madre e hijo(s). Las coberturas sociales apenas alcanzan pero sí se puede decir que en algunos aspectos se ha mejorado, un ejemplo es la educación gratuita de cero a tres años que puede favorecer la conciliación laboral a madres o padres que viven sólo con sus hijos. En tal caso, la falta de recursos en este tipo de familias viene dada por factores como: madres migrantes con uno o dos hijos, divorcios en los que no se pasa la pensión pertinente, la progenitora o progenitor “prolongan” la jornada laboral con la atención a los hijos (jornada laboral muchas veces con salarios en precario). 
 

Otro factor es la retirada o cese de algunas medidas sociales que habían estado ayudando a sostener el núcleo familiar. Esto sucede cuando se retira la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) a una persona por determinados factores. Otra solución cancelada fue la 'tarjeta monedero' para que personas en riesgo de exclusión pudiesen realizar compras en supermercados. Y la última, la cancelación del complemento al abono térmico. Ambas medidas se adoptaron durante la pandemia y fueron retiradas por la Xunta aduciendo “mejoras económicas” tras la COVID-19.

ESTADÍSTICAS

La UE utiliza la tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) como indicador para medir el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Este indicador agrupa a las personas que cumplen al menos uno de los siguientes tres criterios:

-Estar en riesgo de pobreza (vivir en un hogar con ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional).

-Sufrir privación material y social severa (no poder acceder a determinados bienes o servicios básicos).

-Vivir en un hogar con baja intensidad de empleo (los adultos del hogar han trabajado menos del 20% de su potencial laboral durante el año).

Este indicador sirve para medir el cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030, entre los cuáles está reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las cuales al menos 5 millones deben ser niños en la UE.

Según el informe EAPN 2024, la tasa AROPE más elevada en Galicia en 2023 seguía siendo la de menores de 18 años (28,2 %) y que aumentó 3,5 puntos. Le sigue la de las personas de 18 a 64 años (25,3 %) que crece 1,7 puntos, mientras que la más baja sigue siendo al del grupo de 65 años o más (24,5 %) que aumenta 1,4 puntos.

En el informe también de EAPN-Galicia de febrero de 2025, el resultado volvía a ser negativo. Según los datos recogidos, en 2024 la tasa AROPE entre la población menor de edad era la única que no mejoraba con respecto al año anterior. De este modo, el 34,6% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el valor más elevado de todo el período estudiado. Por el contrario, la tasa AROPE disminuía entre la población de 18 a 64 años hasta un 25,6% y de manera más acusada entre las personas de 65 años y más hasta el 19,5%.

Y en cuanto al riesgo de exclusión sobre los hogares se repite la tendencia: los monoparentales son los más castigados siendo el 50,3% del total, lo que indica una bajada de 2,4 puntos respecto a 2023 pero aún así, el porcentaje es muy elevado.
 

Si se busca una o más explicaciones, entre ellas podemos encontrar que aquellos objetivos de la Agenda 2030 para reducir la pobreza están lejos de cumplirse. Por otra parte, fuentes cercanas a las ONGs mencionadas apuntan que los menores de 18 años “no votan”, no tienen ese “valor añadido” que sí poseen los mayores de edad. Esto en general, porque en el caso gallego la Xunta todavía no ha elaborado un censo sobre pobreza además de no haber desarrollado la Ley de Familias. Estos dos elementos permitirían un mejor control de los índices de pobreza y actuar con conocimiento de causa.

En definitiva, la pobreza infantil en Galicia es un fenómeno persistente y creciente, que amenaza con perpetuarse si no se abordan sus causas estructurales. El reto es mayúsculo: evitar que la pobreza siga heredándose de generación en generación, como señalaba Cáritas Diocesana de Lugo, y garantizar a todos los niños gallegos un futuro con igualdad de oportunidades.