El Parlamento reclama al Gobierno compensaciones para los mariscadores de la ría de O Burgo

El Parlamento de Galicia ha instado a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para exigir que se den compensaciones económicas a los mariscadores de la coruñesa ría de O Burgo afectados por el dragado hasta que el marisco alcance el tamaño comercial.

Esta propuesta del PPdeG ha salido adelante en la Comisión de Pesca de este martes con los votos a favor del BNG y la abstención del Grupo Socialista.

El diputado popular Jesús María Fernández Rosende subraya que "la propia ejecución del dragado de la ría del Burgo supone la indisponibilidad de los terrenos para cualquier actividad incompatible con las obras, entre ellas el marisqueo, lo que obliga al Gobierno central, como administración promotora de esta obra, a habilitar las imprescindibles compensaciones a los profesionales obligados a los ceses de actividad".

"Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez no atendió este deber ni las reiteradas demandas realizadas tanto desde la Xunta como los propios mariscadores para recibir estas indemnizaciones, que debería cubrir todo el tiempo que se dejó de trabajar por consecuencia del dragado, incluido el período que transcurre desde que se finalizaron las obras hasta que los bivalvos sembrados, que serán objeto de futura explotación marisquera, alcancen la talla comercial", incide.

Los populares consideran que esta situación "resulta más indignante" debido a que el Gobierno cuenta con "un remanente de 16 millones de euros" al tener un coste final la obra de 32 millones frente a los 48 millones presupuestados.

Asimismo, los diputados populares Jesús María Fernández Rosende y Miguel Fidalgo se han reunido este martes en la Cámara con representantes de los mariscadores que han acudido al debate de esta iniciativa parlamentaria.

OTRO ACUERDO
Esta comisión también ha aprobado otra propuesta popular para reclamar una modificación del decreto de ordenación de la flota pesquera para "flexibilizar" el aprovechamiento de potencia proveniente de paralizaciones definitivas de embarcaciones del registro de flota pesquera.

El objetivo es que se pueda utilizar esta potencia pesquera entre buques del mismo caladero, especialmente en el caso del caladero nacional, aguas Neafc y palangre de superficie en aguas internacionales.

También se aboga por líneas de financiación y ayudas específicas, como subvenciones directas o líneas de crédito con intereses reducidos.