La reapertura de la mina de Touro, en solfa ante las pérdidas de Cobre San Rafael
Los ecologistas desvelan en un informe que la filial de Atalaya lleva perdiendo dinero tantos años que, de acuerdo a la ley, debería haber cerrado. La minera replica que no hay problema, que se inyectará mucho más dinero en cuanto se logre el permiso. En medio, la Xunta, que sigue evaluando el proyecto.
Un informe económico encargado por Ecoloxistas en Acción ha encendido las alarmas sobre la solvencia de Cobre San Rafael, la empresa que impulsa el polémico proyecto minero en Touro y O Pino. Mientras la organización ecologista advierte que la sociedad se encuentra en situación crítica y en riesgo de disolución, la compañía asegura que cuenta con el respaldo financiero de Atalaya Mining y que cumple con todos los requisitos legales.
El informe, elaborado por un experto en economía y finanzas, concluye que Cobre San Rafael presenta un patrimonio neto negativo de más de cinco millones de euros a cierre de 2024, lo que, según el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la colocaría en causa legal de disolución. Además, se señala que la empresa acumula pérdidas por valor de casi 15 millones de euros y que ha encadenado cinco ejercicios consecutivos con desequilibrios patrimoniales.
La organización ecologista también denuncia irregularidades en la documentación financiera presentada por las dos empresas propietarias de Cobre San Rafael: Explotaciones Gallegas SL y Atalaya Touro UK Limited. Es la documentación oficial remitida a la Xunta, que lleva años evaluando el proyecto tras tumbar la primera tentaiva de reapertura. Los ambientalistas aseguran que en ambos casos se omite o se remite a información desactualizada o de sociedades que no figuran como accionistas directos, lo que consideran una estrategia de opacidad.
Ecoloxistas en Acción ha entregado el informe en el juzgado que estudia el recurso contra la declaración del proyecto como de Interés Estratégico por parte de la Xunta de Galicia. Reclaman que esta calificación se anule por falta de transparencia y solvencia de la promotora.
La empresa defiende su respaldo financiero
Cobre San Rafael ha salido al paso de las acusaciones asegurando que su situación financiera es habitual para una sociedad en fase de preexplotación.
La empresa destaca que Atalaya Mining —cotizada en la Bolsa de Londres y con una facturación superior a los 300 millones anuales— es la verdadera impulsora del proyecto y garantiza su viabilidad económica.
Sin embargo, Atalaya Mining por ahora solo tiene el 10 por ciento de Cobre San Rafael. El resto de los títulos es propiedad de los socios locales, la empresa de canteras Explotaciones Gallegas, dueña de los terrenos. Entre la multinacional y los empresarios gallegos existe un acuerdo de que Atalaya se quedará con el 80% de los títulos cuando la Xunta conceda, en su caso, el visto bueno.
La compañía explica que el patrimonio negativo debe interpretarse teniendo en cuenta un préstamo participativo de 21,5 millones de euros por parte de los socios, lo que legalmente se incluye para evaluar su situación patrimonial. Asegura además que ninguna autoridad ha detectado irregularidades en sus cuentas, que han sido registradas con total transparencia.
Sobre la restauración ambiental, Cobre San Rafael recalca que la legislación gallega obliga a presentar avales económicos suficientes para cubrir cualquier coste de rehabilitación. Ponen como ejemplo su experiencia en Riotinto, donde Atalaya Mining mantiene garantizados más de 70 millones de euros para este fin.
Un proyecto con gran impacto económico… y ambiental
El plan para reabrir la antigua mina de cobre en Touro y O Pino contempla una inversión inicial superior a los 200 millones de euros. Cobre San Rafael estima que se crearían alrededor de 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos durante la fase operativa, una expectativa que ha sido destacada por la Xunta para justificar su respaldo al proyecto como de Interés Estratégico.
Sin embargo, desde su anuncio, el proyecto ha levantado una fuerte oposición social y ambiental. Diversas plataformas y asociaciones vecinales temen que la reapertura suponga un grave impacto sobre el ecosistema, especialmente por su cercanía al río Ulla, y denuncian que no se han evaluado adecuadamente los riesgos de contaminación y afección al entorno.
En este contexto, el debate sobre la viabilidad económica del proyecto abre un nuevo frente, la fiabilidad de Cobre San Rafael como promotora. Mientras la empresa insiste en que dispone de la capacidad técnica y financiera para desarrollar la explotación con todas las garantías, los críticos piden mayor transparencia y cautela ante un proyecto de gran envergadura y consecuencias para décadas, cuando no siglos.
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