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Cataluña aplaza la tasa turística, próxima a entrar en vigor en Santiago y A Coruña
En Galicia, la Xunta reniega de ella y solo algunas ciudades han decidido aplicarla. En A Coruña la tasa entrará en vigor en mañana, mientras que en la capital comenzará a cobrarse a partir del 1 de octubre. Eso si no hay nuevos aplazamientos de ultimísima hora. En Cataluña suman ya tres atrasos. Una muestra de lo polémico de la cuestión.
La falta de acuerdo político bloquea por tercera vez la duplicación del gravamen, manteniendo tarifas históricas y retrasando la inyección de recursos clave para políticas sociales. La medida afectaría hoteles, pisos turísticos y cruceros, con recargos de hasta 15 euros por noche en Barcelona.
Un aplazamiento con consecuencias estratégicas
La Generalitat de Catalunya ha decidido posponer, por tercera vez, la implementación de la tasa turística, un tributo diseñado para inyectar aproximadamente 60 millones de euros en políticas de vivienda social. La entrada en vigor queda ahora aplazada, como mínimo, hasta el 1 de abril de 2026. Este aplazamiento no solo retrasa la captación de recursos esenciales para programas habitacionales, sino que también evidencia la complejidad de conciliar objetivos recaudatorios con negociaciones multipartidistas y la gestión de intereses diversos dentro del Parlament.
El contexto es crítico: los hoteles catalanes han registrado cifras históricas de ocupación, con más de 2,7 millones de clientes alojados en agosto de 2025, un 3% más que el año anterior. La oportunidad de aprovechar este auge turístico para generar recursos destinados a políticas sociales se pierde temporalmente.
Historia de la tasa turística y los aplazamientos previos
El Decreto Ley 6/2025, aprobado a principios de 2025, contemplaba duplicar la tarifa turística y permitir que los municipios aplicaran recargos adicionales, con el objetivo de descentralizar recursos y adaptarlos a contextos locales. La medida se diseñó como un instrumento fiscal innovador, destinado a financiar no solo la gestión del turismo, sino también a sostener políticas de vivienda social y programas habitacionales en áreas metropolitanas.
Inicialmente, la entrada en vigor se había previsto para mayo de 2025. Tras dificultades para lograr consenso político, la Generalitat decidió posponer la medida a octubre, transformando el decreto en proyecto de ley para garantizar su blindaje jurídico. Sin embargo, tras el parón estival, las negociaciones entre Govern, ERC y Comuns no han progresado lo suficiente, generando un nuevo retraso que traslada la aplicación del gravamen al primer ciclo de liquidación de 2026.
El sistema de liquidación, que contempla dos periodos anuales –octubre (otoño-invierno) y abril (primavera-verano)– explica la mecánica del aplazamiento: al no conseguir la ratificación parlamentaria a tiempo para octubre, la tarifa incrementada solo se aplicará en abril de 2026, obligando a mantener las tarifas actuales durante toda la temporada de invierno y la planificación de primavera.
Conflicto político y divergencias sobre la estructura fiscal
El bloque político central en el debate ha sido la duplicación de la tarifa y su aplicación diferenciada. En Barcelona, la tasa podría alcanzar hasta 15 euros por persona y noche en hoteles de alta categoría, situándola entre las más altas de Europa. Además, la normativa preveía que todos los municipios catalanes pudieran aplicar recargos adicionales, lo que permitiría adaptar la recaudación a la estacionalidad turística y a la capacidad de gasto local.
El acuerdo inicial entre la Conselleria d’Economia y los Comuns apostaba por una duplicación uniforme de la tasa, mientras que ... seguir leyendo en Catalunyapress.es
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