Pagar mucho menos por la basura es posible, solo hay que reciclar bien; recuerda SOGAMA

La polémica por el encarecimiento de la gestión de residuos no es nueva, pero ha alcanzado un punto álgido en las últimas semanas. Varios municipios han  empezado a subir el recibo de la basura a sus contribuyentes. La medida, como era de esperar, ha suscitado polémica.  

Este conflicto pone sobre la mesa el complejo equilibrio entre la responsabilidad municipal en la gestión de residuos, los costes del tratamiento y la capacidad económica de las familias. Es en este caldeado ambiente donde Sogama ha decidido mover ficha, explicando con cifras su visión de la solución.

La compañía pública desglosan las claves económicas que sustentan su argumento. La estrategia se basa en dos pilares fundamentales: por un lado, reducir al máximo la cantidad de basura que se genera en los hogares y, por otro, separar de forma meticulosa cada tipo de residuo en el contenedor correspondiente. Según Sogama, la correcta aplicación de estos principios es la única vía para que las arcas municipales, y por extensión los vecinos, vean una reducción sustancial en el desembolso final por este servicio esencial. 

La abismal diferencia económica entre el contenedor marrón y el negro

El argumento más contundente de Sogama reside en la diferencia de precio que aplica al tratamiento de las distintas fracciones de basura. Mientras que la gestión de los residuos depositados correctamente en los contenedores amarillo (envases ligeros), azul (papel y cartón) y verde (vidrio) es completamente gratuita para los ayuntamientos, el coste se concentra en la basura orgánica y, sobre todo, en la fracción resto.

 De hecho, los municipios no solo no pagan por la recogida selectiva de envases, papel y vidrio, sino que además perciben ingresos por parte de las entidades responsables de su posterior reciclaje, un beneficio que a menudo pasa desapercibido.

La verdadera batalla económica se libra entre el contenedor marrón, destinado a la materia orgánica, y el contenedor negro o verde oscuro, el genérico para todo aquello que no se puede reciclar. Para el año 2025, el canon fijado para la bolsa marrón es de 51,40 euros por tonelada. En cambio, el coste de la bolsa negra se eleva hasta los 83 euros por tonelada, siempre y cuando los ayuntamientos cumplan con ciertos requisitos de reducción y reciclaje. 

Esta diferencia de 31,6 euros por tonelada no es casual; responde a un incentivo deliberado del gobierno gallego -principal accionista de SOGAMA, 51%, junto con Natu- para fomentar activamente que los municipios se impliquen en la recogida y compostaje de los biorresiduos, una directriz clave en las políticas medioambientales europeas.

Para facilitar esta transición, y a pesar de que la gestión de residuos es una competencia estrictamente municipal, la Xunta de Galicia ha encargado a Sogama la creación de una potente red de infraestructuras. Se ha destinado una inversión de 45 millones de euros, de los cuales 30 millones provienen de los Fondos REACT-UE de la Unión Europea, para construir 17 instalaciones. Esta red incluye cuatro modernas plantas de compostaje (ubicadas en Cervo, Cerceda, Vilanova de Arousa y Verín) y trece plantas de transferencia de apoyo, diseñadas para asegurar que la práctica totalidad de los ayuntamientos adheridos al modelo Sogama dispongan de una instalación para tratar sus biorresiduos a menos de 50 kilómetros de distancia.

El verdadero origen del sobrecoste: más del 68% de la bolsa negra es reciclable

El análisis de la composición de la basura que llega a sus instalaciones es la prueba que esgrime Sogama para demostrar el enorme margen de mejora existente. Según sus estudios, la bolsa negra que reciben los ayuntamientos está lejos de ser un cúmulo de desechos no aprovechables. La realidad es que solo un 31,2% de su contenido corresponde a la fracción resto, es decir, a materiales que verdaderamente no se pueden reciclar. El 68,8% restante está compuesto por materiales que deberían haber sido depositados en otros contenedores, lo que revela un grave déficit en la separación que realizan los hogares.

Las cifras son reveladoras: un 33,6% de la bolsa genérica está formada por biorresiduos, materia orgánica que debería ir al contenedor marrón para ser convertida en compost. Un 18% adicional está compuesto por envases ligeros, papel, cartón y vidrio, residuos cuyo destino correcto son los contenedores amarillo, azul y verde, y cuya gestión, como se ha mencionado, es gratuita. Por si fuera poco, un 17% corresponde a textiles, madera o pequeños escombros, materiales que tendrían que ser canalizados a través de contenedores específicos en los puntos limpios municipales.

Si los ciudadanos separasen correctamente y en la bolsa negra solo acabase ese 31,2% de material no reciclable, el impacto económico sería directo e inmediato. Sogama calcula que, en ese escenario ideal, los ayuntamientos podrían ver reducida la factura que pagan por la gestión de esta fracción en un 48%. Este ahorro potencial es el que podría frenar la escalada de los recibos que pagan los vecinos y desactivar los conflictos sociales que están surgiendo en distintos puntos de Galicia.

Un canon con bonificaciones por el compromiso ambiental

Para entender la factura final, es crucial conocer la estructura del canon de Sogama. Para el año 2025, la tarifa genérica para la bolsa negra se ha establecido en 108 euros por tonelada. Sin embargo, esta cifra puede disminuir considerablemente. Los ayuntamientos que lo solicitaron en plazo pueden acogerse a una rebaja que sitúa el precio en 95 euros por tonelada si cumplen uno de dos requisitos: o bien disminuyen su producción total de residuos en un 1% respecto al año anterior, o bien incrementan la recogida de la bolsa amarilla o marrón en un mínimo del 3%.

Adicionalmente, existe una segunda bonificación. Teniendo en cuenta la aportación que la Xunta de Galicia realiza a los ayuntamientos a través del Fondo Ambiental, que asciende a 12 euros por tonelada, el canon final de la bolsa negra puede verse minorado hasta los 83 euros por tonelada mencionados anteriormente. Es esta cifra, la más reducida posible, la que Sogama utiliza para compararla con el coste del tratamiento de la materia orgánica y evidenciar el beneficio de separar correctamente.

En definitiva, la postura de Sogama traslada la responsabilidad de forma compartida. Por un lado, señala a la ciudadanía como actor clave para que, con un gesto tan sencillo como separar la basura en casa, se pueda conseguir un ahorro muy significativo. Por otro, interpela a los ayuntamientos, que no solo tienen la competencia de la recogida, sino también el deber de implementar sistemas eficientes y, sobre todo, de lanzar campañas de concienciación efectivas que expliquen a los vecinos la importancia ambiental y económica de su colaboración.