Recursos de Galicia, pilotada por la Xunta, se interesa por la compra de 26 parques eólicos a Acciona

El PPdeG siempre ha sido reacio a la intervención directa en grandes operaciones empresariales, enarbolando su ideología liberal. Sin embargo, la sociedad público-privada, integrada por la administración autonómica y más de una treintena de compañías gallegas, ha presentado una oferta indicativa no vinculante para hacerse con una cartera de 26 parques eólicos con una potencia total de 550 megavatios (MW) y una valoración estimada en 700 millones de euros, de acuerdo a lo adelantado hoy por Expansión.

Galiciapress contrastó con Recursos de Galicia la filtración de la negociación. La respuesta de la compañía gallega es ambivalente. No desmiente las negociaciones, pero tampoco entra en detalles, en cierta medida le quita hierro al asunto. Así, RdG recuerda que "naceu para converter a riqueza enerxética e mineira da nosa terra en beneficios para a poboación galega, a través de participacións minoritarias ou maioritarias en recursos estratéxicos". "Traballamos cada día para cumprir o noso obxectivo fundacional e non confirmamos nin desmentimos ningunha conversación", añaden.

Recursos de Galicia, S.A. es una sociedad cuya participación más grande está en manos de la Xunta de Galicia, que participa con un 30%. El grupo está encabezado financieramente por Abanca. Entre estos socios privados destacan referentes del sector maderero como Finsa y Ence, o del metalúrgico como Megasa y Exlabesa. También están muy presentes el sector de la alimentación y el mar con empresas como Gadisa, Jealsa y Profand, además de compañías de construcción y servicios como Copasa, Valtalia y Gesuga.

La posible transacción, aún en una fase muy embrionaria, refleja el interés de la Xunta por reforzar el control público autonómico sobre la generación de energía renovable en Galicia y consolidar un tejido empresarial propio en este sector. Un interés que ya se apreció cuando el presidente Alfonso Rueda anunció que la Xunta trataría de participar en el mercado de la distribución para poder ofrecer luz más barata a empresas de las zonas rurales afectadas por el impacto ambiental que generan los eólicos. 
 

Lo peculiar de Recursos de Galicia es que empresas privadas de calado no van por libre, sino que comparten un vehículo inversor con competidores bajo el timón de la Xunta. La idea de esta mezcla es sencilla: usar el dinero y la capacidad técnica de estas empresas privadas, bajo la supervisión de la Xunta, para producir energía renovable barata que sirva para alimentar a estas mismas industrias y bajar la factura de la luz de los gallegos 

Al frente de la sociedad se encuentran Emilio Bruquetas, exdirector general de Reganosa, como consejero delegado, y Manuel Galdo, expresidente de la Cámara de Comercio de A Coruña y ex alto cargo de la Xunta, quien ejerce la presidencia. Desde su nacimiento, la compañía ha ejecutado dos adquisiciones relevantes: un parque eólico en Lugo propiedad de Banco Sabadell y un 10% del proyecto de mina de litio en Doade (Ourense) que promueve el grupo SAMCA.

Siendo relevantes esas dos operaciones, no son nada comparadas con la filtrada hoy. La posible compra a Acciona supondría la primera gran operación de calado industrial y financiero de Recursos de Galicia.

Detalles de la operación

La cartera que Acciona Energía ha puesto en el mercado incluye activos con cierta antigüedad, que datan de entre 1998 y 2005. Estos parques —ubicados mayoritariamente en Lugo, como Fonsagrada (45 MW), Punago (30 MW) o Álabe-Terral (27 MW)— se consideran repotenciables, es decir, aptos para sustituir aerogeneradores obsoletos por otros más modernos y eficientes, reduciendo el impacto ambiental sin perder potencia instalada.

Si la operación prospera, Recursos de Galicia pasaría a controlar más de medio gigavatio de potencia eólica instalada, situándose entre los mayores operadores de energía en la comunidad. 

Esos 550 MW no están en una sola sociedad. Unos 255 MW pertenecen a su filial local histórica ("Acciona Eólica de Galicia", centrada sobre todo en Lugo) y los otros 300 MW a la matriz nacional ("Corporación Acciona Eólica"). La inmensa mayoría de esta potencia proviene de sus 26 parques eólicos.

Además, la maniobra tendría un componente simbólico y político de gran calado, al consolidar una apuesta pública por el liderazgo energético gallego y por un modelo en el que el valor de los recursos naturales se quede en Galicia.

Para Acciona, permitiría cumplir con sus previsiones de generación de caja, aliviar tensiones en su balance y centrarse en proyectos más rentables y de nueva generación en mercados emergentes. Para la Xunta, supondría un salto cualitativo hacia un modelo más intervencionista, algo que no ven con buenos ojos muchos de los actores del sector eólico. 

Si esa operación se cierra, aproximadamente el 7% de la energía verde gallega pasaría de manos privadas a estar bajo el paraguas de la entidad público-privada gallega.

Este tipo de renovación encaja con la estrategia ambiental de la Xunta, que busca reducir el número de aerogeneradores visibles en el paisaje rural gallego sin comprometer la capacidad de producción. Grandes grupos como Naturgy o Iberdrola ya están aplicando ese proceso en sus activos gallegos, mientras que Acciona había mostrado más reticencias por la complejidad técnica y regulatoria del reacondicionamiento, según fuentes del sector.

Según Expansión, Acciona Energía avanza en la operación sin asesores financieros, mientras que Recursos de Galicia cuenta con la consultora Greenhill para evaluar la transacción.  

Para Acciona Energía, la desinversión responde a su estrategia global de rotación y optimización de activos, que se desarrolla en un contexto económico complejo. El grupo controlado por la familia Entrecanales atraviesa tensiones financieras derivadas del retraso en su plan de ventas, cifrado entre 1.500 y 1.700 millones de euros. Hasta ahora, ha logrado desprenderse de unos 800 MW hidráulicos, vendidos a Endesa y Elawan por 1.300 millones de euros, y de otros 440 MW eólicos traspasados a Opdenergy, filial de Antin Infrastructure Partners, por 530 millones.

Acciona, tocada por los escándalos de presunta corrupción

La compañía también ha cerrado operaciones en Perú, Costa Rica y Hungría, y mantiene en curso varias transacciones adicionales valoradas en torno a 1.000 millones, aunque a un ritmo más lento de lo que esperaba.

Hay que tener en cuenta también situación reputacional de Acciona en España es actualmente compleja, marcada por un fuerte contraste entre su imagen de líder global en energías renovables y su división de construcción, que ha estado envuelta en investigaciones judiciales recientes.

La reputación de la empresa se ha visto gravemente afectada por su implicación en el llamado "Caso Koldo" (o "Trama del 2%" / "Caso Cerdán"). La Guardia Civil y los jueces han investigado supuestos amaños en la adjudicación de obra pública y posibles pagos a altos cargos del PSOE a cambio de contratos, hechos que la empresa niega y atribuye a exempleados o falta de celo. 

La situación es tan crítica que otras grandes constructoras en España han comenzado a marcar distancias, llegando al punto de negarse a formar futuras Uniones Temporales de Empresas (UTE) con Acciona para concursos públicos. La compañía ha intentado acotar el daño reputacional despidiendo a altos directivos de la rama de Construcción e iniciando investigaciones internas. El propio presidente ha reconocido el "profundo impacto reputacional" que están sufriendo. No es el contexto más fácil para lograr la venta de activos en España. La filtración a Expansión puede ayudar a que aumente el interés por la puja.