Cazadores gallegos alertan que buscar controlar jabalíes y peste porcina con la caza es un brindis al sol

 La administración autonómica ha planteado recientemente la necesidad de intensificar el control poblacional del jabalí para proteger las explotaciones de cerdo doméstico. Luis Fidalgo, veterinario y miembro de la Federación de Caza Realista, reconoce que la actividad cinegética es una herramienta útil en un programa de prevención, pero subraya que, sin una organización experta y medidas complementarias, una intervención descontrolada podría ser incluso perjudicial para la epidemiología de la zona. Desde la federación se insiste en que no es realista pretender la eliminación masiva de la especie, ya que se debe preservar la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema, limitando las acciones excepcionales a puntos clave donde el riesgo de accidentes o daños agrícolas sea extremo.

Por su parte, Antonio Mota, representante de la Unión de Tecores de Galicia (Unitega), critica que la Xunta descargue la responsabilidad en un colectivo que realiza una actividad puramente recreativa. Según Mota, la mayoría de los terrenos cinegéticos están gestionados por sociedades de cazadores sin ánimo de lucro que ya operan al límite de sus capacidades humanas. El portavoz de Unitega afirma que los cazadores ya abaten todo lo posible y que, por mucho que se intente incentivar, es imposible duplicar el esfuerzo de una masa social que sale al monte por ocio y no por obligación profesional.

El coste de los Tecores y la burocracia
La gestión de un Tecore conlleva una carga financiera que los cazadores consideran excesiva ante las nuevas exigencias sanitarias. Mota explica que el sector prefiere la exención de tasas y la reducción de gastos directos antes que recibir incentivos económicos por animal abatido, una medida que califica de "compleja" y que podría transformar una actividad lúdica en comercial. Los gastos actuales incluyen más de mil euros anuales por canon de Tecore, el pago por cada precinto de jabalí y el mantenimiento de seguros de responsabilidad civil obligatorios para cubrir daños en carreteras.

Además de las tasas administrativas, el control mediante otros métodos como las jaulas trampa presenta deficiencias logísticas. Aunque pueden ser efectivas en zonas donde no se permite el uso de armas, su despliegue se ve frenado por el alto coste de la gestión posterior del animal, que debe ser tratado como un residuo ganadero en plantas de destrucción de cadáveres. Los cazadores denuncian que la administración "escapa" de estos costes y prefiere presionar a las sociedades para que asuman ellas el trabajo.

La reciente declaración de emergencia cinegética por parte de la Xunta es vista por Unitega como un "canto al sol" con fines mediáticos. Mota señala que permitir cazar más días cuando ya se está en plena temporada no aporta soluciones reales, y los datos de solicitudes de estas medidas en algunas provincias son mínimos. Para el sector, el problema reside en una población de jabalíes desbordada debido a la evolución del medio rural, algo que no se soluciona con parches administrativos.

Descenso histórico de licencias y relevo generacional
El número de cazadores en Galicia ha sufrido un retroceso constante, situándose actualmente entre las 36.000 y 37.000 licencias. Este descenso no es exclusivo de la comunidad, sino un problema nacional derivado de la desvinculación de la población con el mundo rural. La falta de jóvenes que tomen el testigo dificulta que la caza pueda ser la única respuesta ante crisis sanitarias, ya que la capacidad de intervención disminuye a medida que la base social envejece.

Practicar la caza hoy en día supone una inversión que aleja a los nuevos interesados. Un cazador básico debe afrontar gastos de documentación de entre 200 y 300 euros, sumado a la licencia anual que ronda los 30 euros y el equipo necesario, que incluye armas, dispositivos GPS para perros y vehículos todoterreno. La complejidad de los exámenes teóricos y prácticos para obtener los permisos también actúa como una barrera de entrada para el relevo generacional.

Ante este escenario, la reunión del grupo de trabajo del jabalí con la Consellería se cerró sin decisiones ejecutivas, manteniéndose como un órgano consultivo. La única medida de consenso fue priorizar el control de los jabalíes urbanos y periurbanos, por ser los que mayor contacto tienen con los humanos y mayor riesgo de transmisión representan. Asimismo, se ha planteado autorizar el uso de munición de bala durante la caza del zorro para facilitar capturas accidentales de jabalí una vez cerrada su temporada oficial.