Miles de agricultores tomarán Madrid contra la "traición" del tratado UE-Mercosur el 11 de febrero

La reciente decisión de la Eurocámara de remitir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido recibida con cautela por parte de agricultores y ganaderos. Aunque esta medida paraliza la efectividad definitiva del tratado hasta que haya un pronunciamiento judicial —lo que podría retrasar la ratificación dos años—, el sector no lo considera una victoria. Existe el temor de que la Comisión Europea active una "aplicación provisional" que ignore el proceso legal en marcha. Organizaciones como Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ven en esta maniobra un "desprecio a la representación parlamentaria" y una amenaza directa a la soberanía alimentaria europea.

11-F: Madrid se blinda ante la llegada de cinco columnas de tractores

El próximo 11 de febrero de 2026, la capital de España volverá a ser el escenario de una protesta que espera movilizar a miles de agricultores y ganaderos. La organización Unión de Uniones, con el apoyo confirmado de UNASPI, liderará una movilización que prevé desplazar a Madrid más de 1.500 tractores y cerca de 8.000 agricultores y ganaderos. La intención es clara: denunciar los bajos precios en origen, los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y, muy especialmente, la competencia, desleal según estas organizaciones, que supondría el tratado con Mercosur.

La marcha se estructurará en cinco columnas procedentes de puntos como Torrejón de la Calzada, El Espinar, Guadalajara y Robregordo. Estas columnas confluirán en puntos estratégicos de Madrid para avanzar finalmente desde la Plaza de Colón hasta la sede del Ministerio de Agricultura. 

Los sindicatos convocantes exigen mecanismos de control eficientes para garantizar la rentabilidad mínima de los productores y una reducción drástica de la burocracia que asfixia a los jóvenes que intentan incorporarse al sector, cuyo relevo generacional está en serio riesgo.

Liderazgo de la movilización y crítica a los sindicatos mayoritarios

La plataforma Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, coordinada por Luis Cortés, es la impulsora principal de esta marcha. Junto a ellos, UNASPI, presidida por Miguel Ángel Aguilera, ha confirmado su participación activa en la tractorada para exigir "igualdad de condiciones" frente a los productos importados. Estas organizaciones se presentan como la alternativa independiente a los grupos políticos, integrando a trabajadores de todas las ideologías unidos por la defensa de su medio de vida.

Desde estas formaciones se critica la postura de otras organizaciones agrarias que, a su juicio, no mantienen un pulso lo suficientemente firme ante Bruselas. Consideran que es necesario mantener la presión tanto en la calle como en los despachos, y lamentan que se esté priorizando la industria automovilística o química de otros países europeos a costa del sector primario español. Para los convocantes, el 11 de febrero no es un acto aislado, sino el punto culminante de un ciclo de más de 30 movilizaciones iniciadas en octubre de 2025 para forzar un cambio de rumbo en las políticas comunitarias.

El fantasma de la "aplicación provisional" y el fin de la soberanía alimentaria

El mayor temor del campo español es la denominada "aplicación provisional" del tratado UE-Mercosur. Unión de Uniones denuncia que la Comisión Europea pretende activar el acuerdo "a toda costa", incluso mientras el TJUE revisa su legalidad. En la práctica, esto significaría que el tratado comenzaría a operar de inmediato, abriendo mercados y activando contingentes como si estuviera vigente. Esto generaría una situación de inseguridad jurídica: se consolidarían contratos y decisiones económicas que podrían ser irreversibles si años después el tribunal fallara en contra del tratado.

Los efectos previstos son calificados como devastadores para el vacuno, la leche, el cereal, el arroz y la miel. Los agricultores denuncian que en los países del Mercosur se utilizan productos químicos y fitosanitarios prohibidos en Europa hace décadas, como el fungicida triciclazol o incluso hormonas de crecimiento en el ganado. "No podemos competir con alimentos producidos mucho más barato y en cantidades masivas bajo estándares que aquí están prohibidos", advierte Aguilera desde UNASPI. El pesimismo es generalizado: temen que, de firmarse el acuerdo, la soberanía alimentaria pase a manos de grandes corporaciones, provocando la desaparición definitiva de la agricultura familiar en España.