Alarma en el sector de los cuidados: "Trabajar en menores o discapacidad es hoy una película de terror"

Los profesionales implicados en el sector de cuidados en Galicia han hecho saltar el tablero y las fichas por los aires. Lo que comenzó como una serie de movilizaciones en centros de menores, escuelas infantiles y residencias de discapacidad ha cristalizado en una movilización unitaria de trabajadores y trabajadoras y representaciones sindicales. El personal de estos sectores, esencial para el funcionamiento de la autonomía individual, reclama atención a sus demandas ante lo que ven como un desprecio desde la Consellería de Política Social. La situación actual se resume en una fuerte paradoja: profesionales con titulaciones universitarias superiores que perciben salarios estancados en el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), ratios imposibles que impiden una atención de calidad y un clima de inseguridad física, especialmente en los centros de menores, donde se han reportado agresiones al personal. Y aún así, denuncian los "oídos sordos" de la Administración.

 

Las fuerzas sindicales denuncian falta de diálogo y, por lo tanto, una negociación inexistente. La Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, es el blanco de todas las críticas por el "ninguneo" sistemático que denuncian los agentes sociales. A pesar de haber solicitado reuniones por activa y por pasiva desde el mes de septiembre, la respuesta ha sido el silencio. "Seguro que tienen empapelados los despachos con peticiones de reunión", lamentan desde CCOO, comparando esta actitud "déspota" con la de otras carteras como Educación, donde el diálogo sí es fluido. Esta cerrazón ha empujado a los trabajadores a la calle, culminando recientemente en una ruidosa caravana de coches que rodeó la sede de la Xunta en San Caetano para exigir, simplemente, ser escuchados.


El negocio de lo público: licitaciones a la baja y un convenio que no llega a todos
La estructura de los servicios sociales en Galicia se asienta sobre un modelo de gestión externalizada y privatizada. Aunque la responsabilidad y el mantenimiento de estos centros públicos recae legalmente en la administración autonómica, la gestión diaria está en manos de entidades, en su mayoría "sin ánimo de lucro" o en empresas privadas que acuden a conciertos sociales y licitaciones. El problema radica en que estas licitaciones se realizan a menudo con "contratos a la baja", donde el margen para las condiciones laborales es mínimo.

 

La entrada en vigor del V Convenio Nacional ha traído más sombras que luces en el contexto gallego. Aunque el texto recoge una mejora paulatina de las tablas salariales, existe una "cláusula trampa": solo los centros que firmen el concierto social después de la entrada en vigor del convenio tienen la obligación inmediata de aplicarlas. Esto condena a miles de trabajadores en Galicia a esperar hasta 2030 para ver actualizados sus sueldos, a menos que la Xunta acceda a negociar un complemento autonómico. Las demandas sindicales son claras: adelantar las tablas salariales de 2029 al año 2026 con efecto retroactivo, evitando que el personal siga cobrando sueldos "de auténtica miseria" que apenas cubren el SMI tras absorber todos los complementos por antigüedad.


Fugas a otros trabajos más seguros
La realidad diaria en los centros es, para muchos, inasumible. El desgaste físico y mental es brutal, agravado por la falta de cobertura de bajas y vacaciones, lo que deja a las plantillas "al límite" ante cualquier imprevisto. En el sector de menores los sindicatos denuncian agresiones constantes y situaciones límite. Esta precariedad ha provocado un éxodo de talento sin precedentes. Profesionales cualificados —fisioterapeutas, educadores sociales o psicólogos— abandonan el sector en cuanto pueden para refugiarse en el sector público o, lo que es más sintomático, en empleos que no requieren su titulación. 

"En Nigrán, hubo un éxodo de trabajadores de un centro de autismo hacia un centro comercial; prefieren trabajar en un Burger King o de cajeros en el Mercadona porque allí, al menos, no les pegan ni les insultan", relatan los representantes de los trabajadores. La falta de pago de nocturnidades, turnicidad o el trabajo en fines de semana en centros residenciales termina por dinamitar cualquier posibilidad de conciliación familiar o estabilidad personal.
 

Titulación universitaria para salarios de subsistencia
¿Por qué están estos sectores externalizados en su mayoría? La respuesta sindical apunta a la comodidad de la administración: externalizar permite trasladar la "gestión dura", los problemas de personal y la conflictividad diaria a empresas privadas, mientras la Xunta se limita a una supervisión teórica. Para la administración, este modelo simplifica costes y responsabilidades, pero para el trabajador se traduce en una "indefensión" total al no tener una relación directa con el garante del servicio.

Resulta contradictorio que puestos que requieren una titulación universitaria superior sean remunerados con salarios precarios, muchas veces sin guardar relación con la responsabilidad que conlleva tratar con menores bajo protección o personas con grandes discapacidades. "Parece que nos hemos quedado en la época de las ONG parroquiales, donde el trabajo se daba de forma voluntaria", critican desde la CIG.
 

La hoja de ruta de las movilizaciones no se detiene. Tras la caravana en San Caetano, los sindicatos han puesto en marcha la campaña de los "Mércores Negros" en los centros de trabajo y la creación de una plataforma en YouTube para visibilizar lo que califican como "una película de terror". Si la Consellería de Política Social no abre las puertas a una negociación real sobre la financiación y las condiciones laborales, el sector advierte: la calidad del servicio a los más vulnerables seguirá degradándose hasta un punto de no retorno.