Boom, o burbuja, del biometano: La planta de Agolada sigue viva y hay otras en marcha, advierten vecinos

Según la plataforma, la supuesta renuncia de los promotores comunicada por el regidor de Agolada —un proyecto ligado a Desarrollos Bioenergéticos Agolada S.L., sociedad vinculada a un fondo de Mapfre— podría responder a una estrategia para rebajar la tensión social y retomar la tramitación más adelante, como, aseguran, ha ocurrido en otros municipios. 

Recuerdan que el Concello aprobó en diciembre una suspensión de licencias, pero insisten en que, al no existir PXOM ni normativa autonómica específica, el proyecto mantiene margen de maniobra administrativa.

La plataforma subraya que la empresa obtuvo en 2025 un informe urbanístico favorable al carecer el municipio de planeamiento propio, lo que permite encajar la planta en suelo rústico siempre que se respete una distancia de 500 metros a los núcleos habitados, umbral que los afectados consideran claramente insuficiente. Reclaman que la Xunta refuerce de forma urgente la regulación para incrementar las distancias mínimas entre estas instalaciones y las aldeas, negocios de hostelería o captaciones de agua.​

Distancias legales y salubres 

Stop Biometano Deza sostiene que las plantas de biometano proyectadas junto a núcleos rurales reproducen un modelo industrial con impactos relevantes sobre la salud, la calidad de vida y el valor del patrimonio inmobiliario, citando revisiones científicas internacionales sobre enfermedades respiratorias, cáncer y otros problemas de salud en poblaciones que residen cerca de instalaciones de este tipo. 

La plataforma recuerda que, mientras la legislación gallega permite situar plantas a 500 metros de las aldeas, normativas anteriores y algunos informes de salud pública en otras comunidades consideran insuficientes incluso distancias de 2 kilómetros para actividades insalubres o potencialmente peligrosas.

El colectivo insiste en que el purín puede gestionarse como recurso en explotaciones con base territorial y mediante ampliación de fosas y balsas para los excedentes, tal y como defienden parte de los sindicatos ganaderos y expertos en gestión agraria, sin necesidad de recurrir a macroplantas que concentran residuos de amplias áreas. En esa línea, critican que se presente el biometano como solución climática cuando, a su juicio, perpetúa un modelo de ganadería industrial intensiva, requiere redes de transporte de residuos y gas, y puede implicar fugas de metano que neutralicen el supuesto beneficio climático.

Aacusaciones de “burbuja verde”

La plataforma cuestiona también el argumento del empleo utilizado por los promotores y por empresas del sector para justificar los proyectos. Frente a las cifras difundidas en charlas informativas —6 a 8 puestos directos y una treintena de indirectos por planta—, apuntan a la propia documentación de Mapfre, donde se plantea la construcción de entre 20 y 25 instalaciones en España para crear en total 70 empleos directos y 240 indirectos, lo que, según sus cálculos, rebajaría en más de la mitad las expectativas laborales por planta. Consideran que se trata de una cifra “pobre” para el impacto territorial que, entienden, acarrean estas infraestructuras.​

En paralelo, denuncian que el discurso de que estas inversiones no reciben ayudas públicas choca con la realidad de los fondos europeos Next Generation movilizados a través del ICO para el fondo “Mapfre Energías Renovables II”, que respalda proyectos de biometano en todo el Estado. Colectivos vecinales en Agolada ya habían advertido en enero de que estos proyectos encajan en una “burbuja del biogás” alimentada por subvenciones europeas, donde —sostienen— el riesgo ambiental queda en el territorio mientras los beneficios se concentran en fondos de inversión y aseguradoras.

Charla en Lalín de Carbonzero

La escalada de proyectos en la comarca se evidenció este miércoles en Lalín, donde la Asociación de Empresarios de Deza (AED) organizó una jornada sobre la transición energética en el sector agroganadero y el potencial del biometano, patrocinada por la empresa 

. La compañía presentó un plan para desplegar varias plantas en Galicia, cada una con capacidad para tratar alrededor de 100.000 toneladas de purines al año, e incidió en los beneficios en términos de economía circular y reducción de emisiones.

Stop Biometano Deza reprocha que en la charla se expusieran únicamente las supuestas ventajas del biometano, sin dar voz a los colectivos críticos, y sostiene que a los ganaderos y empresarios se les trasladó un relato “incompleto” sobre los riesgos sanitarios y ambientales, así como sobre la naturaleza de los residuos que podrían tratarse en estas instalaciones. 

El colectivo recuerda el precedente de la planta de As Somozas, autorizada para residuos industriales peligrosos, como ejemplo de cómo, una vez en marcha, este tipo de infraestructuras pueden ampliar el abanico de materiales que reciben, incrementando, según denuncian, la presión contaminante sobre el rural gallego.

Galicia ante el boom del biometano

Lo que ocurre en Agolada se inscribe en un despliegue más amplio de proyectos de biometano por toda Galicia, con iniciativas en municipios como A Laracha, Abadín, As Somozas, Curtis (Teixeiro), Lugo (Coeses y Lamabranca), Meirama, Sarreaus o Silleda, entre otros. 

En varios casos, la Xunta ha avalado estas plantas con declaraciones de proyecto prioritario o estratégico, si bien también ha denegado autorizaciones ambientales, como sucedió en Coeses (Lugo) tras un informe vinculante de la Confederación Hidrográfica que consideró “inadmisible” el vertido planteado.

Las asociaciones vecinales subrayan que el boom del biometano en el rural gallego avanza al calor de un marco de subvenciones europeas que premia las grandes plantas, mientras se deja en segundo plano el apoyo a pequeñas instalaciones de autoconsumo en explotaciones agrarias.